El Gobierno ajusta la Ley de Memoria para poder ilegalizar la Fundación Franco
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El proyecto permitirá reformular de manera definitiva el Valle de los Caídos
20 jul 2021 . Actualizado a las 14:54 h.El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no retrasará más la aprobación de la Ley de memoria democrática que le dejó en herencia hace apenas diez días Carmen Calvo. El nuevo hombre clave del Gobierno, que desempeñó un papel primordial junto a la ya exvicepresidenta para exhumar los restos Francisco Franco del Valle de los Caídos, anunció nada más tomar posesión del cargo que se daría un tiempo para examinar el texto antes de incluir su aprobación en el orden del día del Consejo de Ministros.
Una semana le ha bastado para dar el visto bueno a la fórmula ideada por su antecesora para sortear los reparos puestos por el Consejo General del Poder Judicial a la prohibición de la fundación que lleva el nombre del dictador, aunque no descarta cambios durante la tramitación parlamentaria. La nueva norma sustituirá a la aprobada en el 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, entre otras cosas, también declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El PP la considera innecesaria; Vox, revanchista, y parte de la izquierda, insuficiente.
La intención del Gobierno siempre ha sido, en línea con el camino apuntado por la normativa anterior, dar una nueva finalidad al monumental recinto que, hasta noviembre de 2019, acogía los restos del dictador.
Expulsión de los benedictinos
En paralelo a la tramitación de la norma, tiene ahora previsto elaborar un real decreto ley que establecerá su nuevo marco jurídico y la expulsión definitiva de los benedictinos encargados de su gestión. Los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, hoy junto al altar, también serán reubicados con el resto de víctimas o en otro lugar designado por la familia.
El CGPJ advirtió de que la intención de prohibir cualquier fundación que tenga entre sus fines la apología del franquismo, como apuntaba el anteproyecto de la ley, podía colisionar con la libertad de expresión, salvo que ese enaltecimiento conlleve «una lesión de derechos o bienes de relevancia constitucional». Para intentar salvar ese escollo, el texto que se aprobará este martes apunta a quienes actúan «con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación al odio».
Los actos de exaltación de la guerra civil o la dictadura que supongan «descrédito, menosprecio o humillación» de los represaliados o de sus familiares, o la convocatoria de actos, campañas de divulgación o publicidad que sean contrarios a la normativa serán ahora castigados con multas de 10.000 a 150.000 euros. Pero la ley recoge un completo régimen sancionador que implica cuantías similares o menores para otras infracciones, en función de su gravedad. No retirar simbología franquista, por ejemplo, puede conllevar la obligación de pagar entre 2.000 y 10.000 euros.
Búsqueda de desaparecidos
La búsqueda de personas desaparecidas en la guerra o en la dictadura ya no corresponderá a las entidades memorialistas, sino a la Administración General del Estado. Además, se crea el banco nacional de ADN de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo «para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares».
En el 2007, el Gobierno no se atrevió a declarar nulos los juicios del franquismo por temor a una avalancha de reclamaciones económicas. Ahora se dará el paso de anular condenas —el Gobierno prometió hacerlo, por ejemplo, con la del expresidente de la Generalitat Lluís Companys—, aunque la ley no reconoce derecho a indemnización. El texto también contempla la retirada de títulos o condecoraciones otorgados por Franco y la creación de la figura del fiscal de sala que podrá impulsar la búsqueda de desaparecidos e investigar violaciones del derecho internacional.