Los interinos con más de 10 años de antigüedad podrán tener plaza fija sin opositar

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E. Parra

Las concesiones del Gobierno salvan «in extremis» el decreto

21 jul 2021 . Actualizado a las 19:30 h.

Por un solo voto y en la foto finish. Así salvó este miércoles el Ejecutivo de Sánchez el polémico decreto ley con el que pretende reducir la temporalidad y el número de interinos en las Administraciones públicas hasta dejarlo en un máximo del 8 %.

No fue una sesión fácil la que vivió el Gobierno en el Congreso de los Diputados (la última antes de que la Cámara baja eche el cierre por vacaciones). Largas horas de intensas reuniones, negociaciones que se tuvieron que dilatar hasta el último momento y algunas concesiones, fueron el precio que tuvo que pagar el Ministerio de Hacienda y Función Pública —que capitanea María Jesús Montero— para lograr sumar los síes necesarios que le permitieran sacar adelante el texto. La normativa verá la luz gracias al apoyo de Podemos, Esquerra Republicana, Compromís y Teruel Existe, y la abstención del PNV y Más País-Equo-Los Verdes. «Me consta que algunos grupos parlamentarios, porque ha sido objeto de discusión en las últimas horas, no comparten todo el planteamiento del decreto», defendía Montero, que acto seguido ponía sobre la mesa la posibilidad de revisar el mismo: «Adelanto ya la voluntad de tramitarlo como proyecto de ley y poder incorporar cuantas mejoras aporten los grupos» ofreció.

Y así fue. El texto saldrá adelante, pero no lo hará como se había pactado en un principio con los sindicatos (CSIF, CC.OO. y UGT). Al tramitarse como proyecto de ley, la medida seguirá un proceso durante el que los grupos parlamentarios podrán aportar sus enmiendas y añadir ciertos retoques hasta que sea aprobado de manera definitiva. Y todo apunta a que esa luz verde no llegará hasta el mes de octubre.

A falta de conocer los cambios propuestos durante la tramitación del documento, estas son las primeras variaciones que se introducirán en el texto pactado con los sindicatos, según desveló Montero.

Diez años en el puesto

La excepción. Hasta ahora, el Icetazo —que es como se bautizó al texto, haciendo alusión a Miquel Iceta, responsable del ministerio que logró pactar con los sindicatos la primera versión del mismo— proponía que la fase de oposición (los exámenes) tuviera un peso del 40 %, mientras que en el 60 % restante contaría la experiencia. Una de las críticas a este primer borrador radicaba precisamente en que los exámenes tenían una condición eliminatoria. Esto suponía que aquellos interinos que suspendieran perderían su plaza. Las cosas han cambiado. Según los acuerdos a los que llegó este miércoles el Gobierno, los interinos que lleven más de un decenio ocupando una plaza estructural en la que nunca haya sido convocada la oposición podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición. En este caso, será suficiente con una valoración de méritos.

Para poder llevar a cabo esto, Montero aseguró que a estos trabajadores se les aplicará la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite la selección de funcionarios de carrera únicamente con un concurso de valoración de méritos. 

La última palabra, las comunidades

Exámenes no eliminatorios. Otro de los puntos que han conseguido arañar los grupos parlamentarios pone en el foco y concede cierto poder de decisión a las comunidades autónomas. Serán ellas las que tengan la última palabra y puedan decidir si una oposición es eliminatoria o no. Esto es, si aquellos interinos que acceden a ella y no aprueban se quedan o no directamente fuera del sistema público.

Según lo acordado, y que todavía puede experimentar alguna modificación, esto regirá para aquellos procesos en los que se vayan a estabilizar plazas estructurales ocupadas desde un período superior a los tres años por personal interino.

Convocar los procesos

Ampliado el plazo. El nuevo acuerdo del Gobierno otorgará un respiro a las Administraciones públicas, que contarán con cierto margen para convocar los procesos de estabilización. Y es que, hasta ahora se había fijado como fecha límite para publicar y convocar las oposiciones el 31 de diciembre del 2021. Ahora, el plazo fijado es de cuatro meses a partir de que entre en vigor la ley (algo que se prevé para mediados de octubre).

¿Y la indemnización?

Se mantiene. Parece que la indemnización prometida para aquellos que no consigan superar el concurso oposición se mantendrá. Así, los interinos que se vean obligados a realizar el examen y se queden sin su plaza tendrán derecho a recibir una indemnización de 20 días de su retribución fija por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. También se mantiene la cifra de plazas que se pretenden hacer fijas: unas 300.000.