El Tribunal de Cuentas aumenta el plazo para que los excargos de la Generalitat presenten fianza

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas ha dado dos días más de plazo a los ex cargos de la Generalitat a los que reclama una fianza de 5,4 millones de euros para que puedan presentar la documentación en la que 29 de ellos justifiquen que aportan lo que se les reclama con cargo al fondo afianzado por el Instituto Catalán de Finanzas (CFI) puesto en marcha por la Generalitat para hacer frente a este expediente y evitar los embargos, han señalado a Europa Press fuentes cercanas a los afectados. Ello no quiere decir que la instructora admita esta forma de pago, un asunto que deberá estudiarse.

Por el momento se estudian por las fianzas e inmuebles que han depositado ante este órgano cuatro de los ex cargos del Ejecutivo catalán que no se han acogido a este instrumento de la Generalitat y que también están acusados del presunto uso irregular de fondos públicos para las denominadas embajadas catalanas.

No se ha iniciado por el momento ninguna providencia de embargo, según ha informado este órgano mediante un comunicado, a pesar de que en la medianoche de este jueves concluyó plazo dado p a los 34 afectados por este expediente para depositar entre todos la citada cantidad.

Respecto al hecho de la admisión o no de aval del Fondo de la Generalitat, que según el consejero de Economía catalán, Jaume Giró, será afianzado con fondos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el Tribunal de Cuentas simplemente señala en su nota que «se dirimirá cuando proceda».

Este miércoles se conoció que la Junta de Gobierno del Institut Català de Finances (ICF) aprobó cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas por la acción exterior de la Generalitat realizada entre los años 2011 y el 2017. Fuentes de la defensa de los ex cargos afectados, sin embargo, han confirmado a Europa Press que los avales acogidos a este fondo aún no han llegado al Tribunal de Cuentas, algo que esperan que suceda en las próximas horas ya que varios de los afectados se acogerán al mismo.

En este punto, la delegada instructora tendrá que estudiar las certificaciones que han llegado en relación con el acuerdo de gobierno de avalar la cantidad de cada uno de los responsables.

Dos presuntos responsables han depositado las fianzas y otros dos han presentado bienes inmuebles como aval, añaden, sin especificar de que ex altos cargos se trata. Entre los 34 afectados por este expediente se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras.

Igualmente, el Tribunal de Cuentas ha aclarado que cuando el delegado instructor dicta una providencia de embargo, ello no significa que, de producirse después del plazo estipulado para el afianzamiento, no admita fianza o depósitos. Esto quiere decir que, tras estudiarlos, puede aceptarlos y no ejecutar finalmente el embargo a los afectados por el expediente.

Añade que tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.

Cantidades individuales

Según el acta de liquidación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Ejecutiovo catalán.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex consejero de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex consejero de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

El Gobierno espera el informe del Consejo de Garantías

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado este jueves que el Ejecutivo esperará el informe del Consejo de Garantías Estatutarias para «ver el anclaje» del fondo del Gobierno catalán para pagar las multas del Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos de la Generalitat catalana.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rodríguez ha recordado que fue el PSC, por medio de Salvador Illa, quien se encargó de solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre el decreto ley de la Generalitat para crear un fondo de 10 millones de euros. Un documento que sirviese, según el propio Illa, para «aclarar si» el fondo «se ajusta a la legalidad».

En este contexto, la ministra portavoz ha señalado además que el Estado también cuenta con «mecanismos de control» para este tipo de normativas impulsadas por las comunidades autónomas. «Está en estudios por parte de los servicios jurídicos, el debate no es pacífico y bueno, vamos a esperar cómo se pronuncia este Consejo de Garantías», ha añadido.

En cualquier caso, Rodríguez ha dejado claro que hay que «atenerse al cumplimiento estricto de la ley». «El Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías, está haciendo su trabajo con las responsabilidades contables. Si existen dudas, lo que hay que hacer es articular los mecanismos de legalidad oportunos», ha apostillado.

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