El Tribunal de Cuentas aprecia indicios de ilegalidad en el aval de la Generalitat a ex altos cargos
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Pide un informe a la Abogacía del Estado e inicia el embargo a dos de los encausados
30 jul 2021 . Actualizado a las 12:44 h.La instructora del expediente abierto en el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por su responsabilidad en los gastos en el exterior para promocionar el procés aprecia indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de ellos (29) a la fianza de 5,4 millones de euros que se les reclama. Esos avales fueron respaldados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), ente público de la Generalitat, que a su vez es a la que se le habría causado la supuesta malversación de fondos.
La delegada instructora, Esperanza García, optó ayer por solicitar a la Abogacía del Estado que se pronuncie y emita «un informe razonado y comprensivo», ante las dudas que observa «sobre suficiencia y legalidad» en los avales del ICF. En concreto, pregunta a los servicios jurídicos del Estado si esos avales pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, ya que los asume la propia Administración autonómica perjudicada. Además de esa pregunta, las otras tres que formula a la Abogacía del Estado hacen referencia al Fondo Complementario de Riesgos creado el 6 de julio por la Generalitat con 10 millones de euros para cubrir las fianzas: si ese fondo «constituye el afianzamiento de las posibles responsabilidades contables», si «la concurrencia de dolo o culpa grave en las personas de los presuntos responsables contables» se encuentra amparada por este Fondo y si la jurisprudencia del Supremo ampara o no la indemnidad de los cargos y trabajadores públicos que actúan con dolo o culpa grave. La indemnidad «comporta que ningún servidor público se pueda ver perjudicado como consecuencia del ejercicio legítimo del cargo que ocupa».
Embargos a dos encausados
El Tribunal de Cuentas añade que, una vez terminado el plazo dado hasta las 00.00 horas de ayer, emitirá providencia de embargo a dos encausados que no han cubierto sus fianzas, y de los que no ha trascendido la identidad. Sí se sabe que no son los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont ni el exvicepresidente Oriol Junqueras, pues se acogieron al fondo público.
Cuatro de los encausados presentaron avales por su cuenta, dos de ellos entregaron fianzas y otros dos pusieron inmuebles.
En cualquiera de los casos, las fianzas y los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme. Es decir, no implican que el afectado se quede sin los bienes de manera inmediata sino que efectúe el acto de ponerlos a disposición. El objetivo es poder garantizar el reintegro de lo malversado si en el futuro hay una sentencia condenatoria.
Tras conocer el criterio de la Abogacía del Estado, García Moreno emitirá en los próximos días una resolución dando las cantidades por afianzadas o bien rechazando los avales, algo que parece probable según fuentes jurídicas que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar estos pagos a la misma Administración perjudicada.
Reacciones
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró ayer que el los avales del Instituto Catalán de Finanzas no «es un asunto pacífico jurídicamente», pero declinó avanzar si comparte las «dudas» expresadas por el Tribunal de Cuentas. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, destacó que «no hay ningún motivo objetivo» para rechazar los avales del ICF, por lo que pidió al Tribunal de Cuentas que «deje de hacer política» y «atienda a criterios estrictamente jurídicos». El Gobierno catalán, dijo, confía en que el Tribunal de Cuentas los «aceptará». El líder de la oposición, Pablo Casado, considera una «clara irregularidad» dar avales a los líderes del procés que dieron un «golpe a la legalidad» en el 2017. A su entender, hay que estar en lo «importante» como facilitar el trabajo a los parados y no en dar avales.