El Parlamento catalán aprueba el fondo de 10 millones para avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas
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El Gobierno central revisará el dictamen favorable del Consejo de Garantías Estatutarias, que recomienda modificar tres puntos del decreto
29 jul 2021 . Actualizado a las 20:58 h.El Gobierno central revisará el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) catalán que avaló este jueves el decreto de la Generalitat por el que se crea un fondo de 10 millones de euros para respaldar al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y que este, a su vez, avale las fianzas de los afectados por las sanciones de 5,4 millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat por la promoción en el extranjero, con dinero público, del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017.
El dictamen del CGE, consultado por Europa Press, recomienda modificar dos artículos y la disposición transitoria del decreto, que hace referencia a que si no se consigue que una entidad financiera se haga cargo de los avales, sea el ICF el que avale directamente esas fianzas, que es precisamente lo que ha sucedido, al negarse los bancos consultados por la Generalitat a respaldar la operación financiera del Ejecutivo autonómico.
El consejo, que llegó a un acuerdo por unanimidad, recomienda modificar estos artículos con la finalidad de mejorar la calidad normativa del decreto y «despejar de forma expresa determinadas dudas que suscita el redactado actual».
La disposición transitoria es la que especifica que el ICF se encargará de la gestión provisional del fondo mientras no se constituya una entidad gestora o se encomiende su gestión a una entidad ya existente.
Otro de los puntos que pide modificar es el que explicita que, en caso de que haya un pronunciamiento judicial firme y se confirmen responsabilidades contables o civiles por parte de un beneficiario, se generará un «crédito de derecho público de devolución» por los importes garantizados, así como de los intereses y los gastos; es decir, que los afectados deberán devolver el aval si son condenados en firme.
Tras hacerse público este dictamen —solicitado por el PSC, Cs y el PP—, y analizar los grupos el documento, el pleno del Parlamento catalán aprobó este jueves el decreto con el respaldo sin fisuras de los 74 diputados de la mayoría secesionista (33 de ERC, 32 de Junts y 9 de la CUP).
Una vez ratificado el decreto ley, y de nuevo con el respaldo de la mayoría absoluta separatista, la Cámara también aprobó la tramitación del texto como proyecto de ley. Durante el debate, los líderes independentistas no ahorraron críticas contra el Tribunal de Cuentas, al que acusaron de «persecución política» contra los líderes secesionistas.