El Gobierno y la Generalitat acuerdan «reducir la conflictividad institucional»
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Cataluña reclama al Gobierno el traspaso de 56 competencias autonómicas. Representantes del Ejecutivo central y el catalán pactan la ampliación del aeropuerto de El Prat durante la reunión de la comisión bilateral, que no se celebraba desde hace tres años
02 ago 2021 . Actualizado a las 21:58 h.La Generalitat regresó este lunes a la senda autonómica para sentarse junto al Gobierno en una cumbre bilateral que no se celebraba desde el 2018, cuando el PSOE volvió al Gobierno tras la moción de censura que apartó de la Moncloa al expresidente Mariano Rajoy. Ambas partes acordaron «reducir la conflictividad institucional» para evitar la litigiosidad entre las normas estatales y autonómicas mediante procesos de negociación previos, como es el caso de la ley catalana que regula los alquileres, recurrida por el Ejecutivo.
Para la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, fue «un buen comienzo» para «normalizar» las relaciones, pero la delegación catalana, encabezada por la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, se había presentado en Madrid con una larga lista de exigencias y acabó calificando el encuentro de «insuficiente». «Si el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por el autogobierno, que lo demuestre», resumió tras la reunión el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró.
Entre estas peticiones se encontraban el traspaso de 56 competencias como la gestión del Aeropuerto de El Prat, la Seguridad Social o más funciones para los Mossos. Asuntos que acabaron reducidos durante las dos horas que duró la cumbre a cinco ejes generales. Además de la mencionada «reducción de la conflictividad» también se pactó agilizar la entrega a Cataluña de la gestión de becas y ayudas al estudio, que será efectiva el curso 2022-2023; estudiar la viabilidad de otros traspasos en materia de salvamento marítimo o legislación laboral y formación profesional; la reactivación de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales y, por último, la puesta en marcha de un grupo de trabajo para abordar las transferencias de los servicios de viajeros de ferrocarril y cercanías sobre la red de Ancho Ibérico.
Todo se reforzará en un calendario de trabajo de seis meses en el que prevén reunirse al menos una vez al mes, para abordar en comisiones sectoriales las posibles transferencias. El próximo febrero volverá a convocarse otra bilateral para evaluar el estado de las conversaciones. Uno de los movimientos más trascendentes del día se produjo en una reunión paralela a la cumbre bilateral y que no se encontraba en la agenda oficial: el desbloqueo de 1.700 millones de euros para ampliar el Aeropuerto de El Prat.
La reunión, pese a las críticas preventivas de PP, Ciudadanos y Vox, fue más técnica que política y no se abordaron asuntos como la autodeterminación o la amnistía a los condenados por el procés, que se aparcaron hasta septiembre, cuando se retome la mesa de diálogo.
Isabel Rodríguez califica de «éxito» la reunión
La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que calificó de «éxito» la reunión celebrada ayer con la delegación catalana, resaltó el clima constructivo durante las dos horas del encuentro. El objetivo del Ejecutivo, insistió, es conseguir una relación «distinta» que permita «acabar con la conflictividad social y política en Cataluña, siempre en el marco de la ley y la Constitución».
El Partido Popular advierte de los «pactos secretos» entre Sánchez y Aragonès
El PP, Ciudadanos y Vox se mostraron críticos con la resurrección de la cumbre bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, sobre todo después de que el presidente catalán, Pere Aragonés, fuera el único dirigente autonómico en ausentarse de la cumbre de presidentes celebrada en Salamanca. Los populares insertaron la cita en lo que denominaron como la «agenda oculta» de Sánchez y Aragonès, donde se cierran «pactos secretos» en detrimento de España. «Es un insulto a los españoles», calificó el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos. «El problema —aseveró el secretario general Teodoro García Egea— es que Sánchez quiera hacer un trato diferencial con aquellos que le apoyan los Presupuestos y margine al resto».
Para Ciudadanos, la cita forma parte del pacto entre el Gobierno y Esquerra para asegurar los Presupuestos. Inés Arrimadas afeó al jefe del Ejecutivo «haber escogido estos socios preferentes para toda la legislatura» y que, en su opinión, «representan la senda del separatismo».
El presidente de Vox, Santiago Abascal, lamentó que la cita entre el Ejecutivo central y el catalán haya servido para «blanquear al golpismo» y avisó de que Sánchez pactará con los independentistas «lo que necesite» para seguir en el poder.
La comisión bilateral acuerda negociar traspasos entre septiembre y enero del 2022
La comisión bilateral Generalitat-Estado acordó un calendario de trabajo que incluye sucesivas reuniones entre el próximo mes de septiembre y enero del 2022 para abordar el traspaso de varias competencias, según informó la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
La convocatoria de la comisión bilateral celebrada ayer salió de la reunión que mantuvieron el pasado 19 de junio en el Palacio de La Moncloa el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Pere Aragonés. Allí, ambos mandatarios se comprometieron a retomar la cita bilateral, así como la mesa de diálogo, que se reunirá en septiembre, en la que se tratarán temas espinosos como la amnistía a los secesionistas condenados, la petición de otro referendo ilegal o el derecho de autodeterminación.