Ruiz, arrestada el pasado abril por Israel, será juzgada por cinco cargos relacionados con «pertenencia a organización terrorista e ilegal»
10 ago 2021 . Actualizado a las 17:19 h.El juicio militar contra la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, acusada por Israel de pertenencia a organización ilegal entre otros cargos, ha comenzado este martes después de tres aplazamientos en Cisjordania ocupada, pero ha quedado pospuesto de nuevo, hasta el 1 de septiembre, tras plantear la defensa algunas cuestiones y solicitar acceso a nuevas pruebas, lo que abre un nuevo plazo para que se pronuncien todas las partes.
La defensa pretende impugnar estos cargos y exigir su liberación por un caso que el círculo próximo a Ruiz considera «puramente político». «El caso contra nuestra cliente Juana Ruiz es infundado y es parte del esfuerzo de Israel para criminalizar toda actividad y organización humanitaria externa en los territorios ocupados (palestinos)», declaró a Efe su abogado, Avigdor Fledman.
Ruiz Sánchez, de 62 años, entró hoy esposada y visiblemente cansada en la sala de la cárcel militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, donde estaba su marido y dos representantes del Consulado General de España en Jerusalén.
Oenegé «terrorista e ilegal»
Detenida desde el pasado 13 de abril, Ruiz Sánchez trabajaba como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, y hasta mayo no fue acusada formalmente por la Justicia militar.
Está siendo juzgada por cinco cargos, entre ellos, «pertenencia a una organización ilegal», «participación en actividades de una organización ilegal» y «formar parte de la junta directiva de una organización ilegal». Israel considera que la entidad donde está empleada desviaba fondos a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), grupo marxista leninista considerado terrorista por EE.UU. y las autoridades de Bruselas.
El Ministerio de Exteriores israelí denunció que el FPLP estaría operando una red de organizaciones humanitarias en Cisjordania, entre las que destacó a los Comités de Trabajo para la Salud, cuya directora, Satha Odeh, también fue detenida en julio.
Estas oenegés desviarían fondos que países europeos donan como cooperación internacional a través de un mecanismo de fraude, falsificación y tergiversación de documentos.
Compromiso de la UE
El pasado jueves el alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, defendió que «hasta la fecha, [la UE] no ha encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación en Palestina».
«Ahora está examinando las recientes acusaciones de las autoridades israelíes al respecto», argumentó Borrell en respuesta parlamentaria al requerimiento de la eurodiputada, Soraya Rodríguez.
«La UE está perfectamente al corriente del asunto de la ciudadana española Juana Ruiz Sánchez», aseguró el jefe de la diplomacia europea y añadió que «proporcionar a Ruiz Sánchez unas condiciones de detención adecuadas y garantizar que reciba asistencia consultar y asesoramiento jurídico siguen revistiendo extrema importancia».
Borrell mostró el compromiso de la UE por seguir «apoyando a las organizaciones de la sociedad civil como contribuyentes esenciales a la buena gobernanza, la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible».
Apoyo popular
Juana Ruiz cuenta además con un fuerte apoyo popular La Plataforma de apoyo a Ruiz, formada por 140 organizaciones, emitió un comunicado para mostrar su deseo de que el juicio «sirva para demostrar que las acusaciones son falsas y para lograr su libertad tras cuatro meses de encarcelamiento injusto y arbitrario».
Ruiz lleva 35 años residiendo entre Gaza y Cisjordania y padece problemas de salud, por lo que su defensa había pedido en varias ocasiones la libertad provisional hasta la celebración del juicio, pero la justicia militar no hizo caso a la petición. Hace un mes se produjeron nuevas detenciones en el seno de los Comités de Trabajadores de la Salud , lo que podría complicar el proceso de investigación y retrasar una posible excarcelación.
La familia ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para poder hacer frente a los gastos de la defensa de la cooperante y hasta el momento ha logrado recaudar el 62 % de la cantidad necesaria «gracias a la enorme solidaridad de cientos de personas y organizaciones».
«Aviso» a cooperantes
Las detenciones administrativas de palestinos en los territorios ocupados son una práctica habitual del Ejército israelí, pero no ocurre lo mismo con personal internacional.
Esto hace que el caso se haya convertido en «un serio aviso a cooperantes y organizaciones internacionales y un paso más para la desarticulación de la sociedad civil palestina», opina el cooperante vasco Eneko Calle, que forma parte de la campaña de solidaridad que pide la libertad de Juana.