UGT denuncia que el fraude en las prácticas no laborales le cuesta 1.500 millones de euros a la Seguridad Social
ACTUALIDAD
Un estudio realizado por el sindicato señala que las empresas ofrecen estos puestso a personas que no están matriculadas en ninguna formación
12 ago 2021 . Actualizado a las 16:16 h.La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado que el fraude en las prácticas no laborales tiene un coste de 1.500 millones de euros para la Seguridad Social. Los datos proceden de un estudio realizado por RUGE, la organización juvenil del sindicato, y muestran una normalización de engaños en los convenios de prácticas, cuya estrategia consiste en tratar de ocultar la existencia de relaciones laborales.
El estudio señala que las empresas ofrecen este tipo de puestos, haciendo pasar a personas jóvenes que no están matriculadas en ninguna formación reglada, por estudiantes en prácticas, cuando en realidad están desarrollando trabajo efectivo. Estos trabajadores se ven así forzados en matricularse en cursos online, por los que deben abonar un valor que ronda los 200 euros.
RUGE destaca que si se tiene en cuenta las 866.079 personas que realizaron prácticas laborales no remuneradas durante el año 2018, la equivalencia en puestos de trabajo anuales sería de 296.310. Es decir, que el impacto sobre los salarios rondaría los 4.200 millones de euros. En el mismo año, y según datos de la misma encuesta, el impacto sobre el sistema de la Seguridad Social asciende a 1.594,4 millones de euros en cotizaciones.
Nueva normativa
En este sentido, la organización juvenil ha reclamado de forma urgente un Estatuto de Prácticas que regule estas problemáticas. RUGE pretende así aprovechar «el impulso que se está dando en la mesa de Diálogo Social a la modernización del Estatuto de los Trabajadores para traer certidumbre en el colectivo de las personas becarias y acabar con su situación precaria», explica el sindicato.
En el mismo comunicado, demandan la creación de un Registro Nacional de Estudiantes en Prácticas, así como la eliminación de las prácticas extracurriculares y la prohibición de realizar convenios mediante la posterior matriculación en cursos no oficiales.