Acusa al antiguo Ejecutivo popular de «10 años de inacción»
19 ago 2021 . Actualizado a las 17:32 h.El precio de la luz ha retomado este jueves su senda alcista y alcanzará a media mañana los 119,65 euros el MWh en el mercado mayorista, el más alto del entorno europeo. Atrás quedaron los breves días de tregua que dio durante el puente de agosto. Mientras las familias se afanan en apagar el incendio que ha provocado en sus casas la factura eléctrica, se recrudece la controversia política sobre quién es el responsable de este repunte histórico.
La última en pronunciarse al respecto ha sido la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha apuntado directamente al Gobierno de Mariano Rajoy como responsable de los déficits y deficiencias que arrastra el mercado eléctrico al subrayar en declaraciones recogidas por Europa Press que «en tres años no se pueden anular o compensar 10 años de inacción». La vicepresidenta primera puso como ejemplo las penalizaciones a las renovables, que ayudaron a blindar fuentes de energía mucho más contaminantes y, a la larga, caras. Por eso defendió una de las medida que adoptó el Gobierno de Sánchez como fue «quitar el impuesto al sol que desincentivaba el autoconsumo solar». Ha defendido el trabajo en materia de transición ecológica aunque admitió que «queda un largo camino por recorrer» y que están centrando todos los esfuerzos en tomar «medidas eficaces a corto plazo para que la subida en los mercados mayoristas no se repercuta en la factura eléctrica, que no penalice las finanzas de las familias y las pymes».
Hasta el momento, el Ejecutivo español ha aprobado la rebaja del IVA de la luz del 21 al 10 % para los consumidores con una potencia contratada de menos de 10 KWh y ha suprimido el impuesto del 7 % a la generación de energía, que debería repercutir en la factura final, y ha aumentado las subastas de renovables. Al mismo tiempo, ha tomado otras medidas que podrían encarecerla si las compañías eléctricas acaban trasladando el coste al cliente final, como son el recorte de 625 millones de euros (de unos 1.000 millones) de los denominados «beneficios caídos del cielo» que reciben las plantas hidráulicas y nucleares por producir energía como si tuvieran que comprar derechos de emisión de CO2. Esto se debe al sistema de formación de precios marginalista. También podría pesar la contribución que tendrán que hacer las eléctricas al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico creado por el Ejecutivo para financiar la transición hacia economías más limpias.
