Indignación por la nueva ley concursal: «colapsará los juzgados»

Cristina Porteiro
C. Porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ACTUALIDAD

ALEJANDRO MARTINEZ MOLINA

Profesionales del sector critican que no se perdonen las deudas con Hacienda y sí se acepten quitas privadas

25 ago 2021 . Actualizado a las 08:43 h.

«Las insolvencias siguen multiplicándose, aun estando en plena moratoria. Cuando finalice, y si no hay cambios en el anteproyecto de ley, los procedimientos concursales desbordarán los juzgados». Es la advertencia que lanzó este martes la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), tras enviar a contra reloj —expira mañana el plazo de 22 días— las alegaciones a la propuesta de reforma de la ley concursal aprobada por el Gobierno el pasado 3 de agosto.

En opinión de estos expertos, hay muchas deficiencias en su planteamiento, que «no cumple» con la directiva europea en la materia. Empezando por la degradación de la figura del administrador concursal, que queda relegada a un segundo plano, algo «insólito, que no existe en ningún país del mundo», denuncia el presidente de la asociación, Diego Comendador. En su lugar se quiere habilitar un mecanismo concursal para microempresas inspirado en el hágalo usted mismo.

Los negocios podrán hacer todos los trámites de forma telemática sin contar con profesionales en la evaluación de activos o en las negociaciones y sin la supervisión de jueces. Por eso desde Aspac alertan de la falta de seguridad jurídica que esto supone para los acreedores: «Quedan desamparados en el nuevo marco y en todo el procedimiento» y de los problemas que entraña para garantizar la viabilidad de las empresas.

Falta de confianza

Otro de los agujeros negros de la propuesta tiene que ver con la figura del «experto reestructurador». El único requisito que se le exige es que «tenga experiencia». A diferencia de la actual ley concursal, este experto puede ser propuesto por el deudor —parte interesada—, sin que el juez pueda entrar a valorar su idoneidad y sin competencia para designar otro alternativo. «¿Da más confianza un profesional designado por el deudor que un profesional designado por el juez?», se pregunta el vicepresidente de la asociación, Unai Olabarrieta, quien recuerda que los administradores concursales «ya son expertos contrastados». Estos profesionales creen que detrás de la propuesta se esconde el interés de abrir las puertas a multinacionales dedicadas a reestructurar empresas.

Crédito público

El último pilar de la reforma que ha despertado estupor en el sector es el mecanismo de segunda oportunidad. Las deudas de personas naturales podrán exonerarse solo si son privadas. El crédito público no se perdona. Y eso puede ir en contra del objetivo que persigue, dado que la mayor parte de la deuda acumulada suele ser con Hacienda o la Seguridad Social. En definitiva, los expertos auguran «un colapso de los juzgados».

Propuestas

Entre las propuestas que han enviado al Gobierno, Aspac sugiere ahondar en la figura del «experto reestructurador», que ha quedado desdibujada.

En cuanto al mecanismo especial para microempresas, han trasladado al Gobierno tres alternativas. La primera es eliminarlo al completo, al considerar que, tal y como está planteado, es general (más del 90 % de las empresas son micropymes en España), solo acelerará las insolvencias y saturará los juzgados. La segunda vía es la de reducir el umbral de facturación de las empresas que se deben acoger a este mecanismo de los 2 millones a los 150.000 euros. La tercera opción es la de introducir en el proceso al administrador concursal, para que pueda vigilar y facilitar los trámites: «El empresario llega acuciado por las deudas y presionado por los acreedores. No está para llevar el proceso y se le concede la facultad absoluta para liquidar activos», desliza Comendador, quien también ha solicitado en las enmiendas que se ponga fin a los «privilegios» de las Administraciones públicas a la hora de cobrar de forma prioritaria las deudas: «No se pueden crear acreedores de primera y de segunda. Eso va a provocar, sin duda, el fracaso del sistema», augura, no sin antes denunciar que la propuesta se ha redactado de espaldas al colectivo y sin conocimiento de los procesos concursales. 

También han solicitado al Ejecutivo español que eliminen las penalizaciones económicas a los administradores concursales que no cumplan con los plazos. «Es loable la intención de agilizar el procedimiento, pero no se puede recortar un 50 % la retribución por no hacer una liquidación en seis meses porque el juzgado esté saturado. Si presento hoy la liquidación y la autorizan siete meses más tarde no se me puede culpar», explica Comendador.