En temas de patria potestad, si hay desacuerdo hay que recurrir siempre a la vía judicial
25 sep 2021 . Actualizado a las 10:07 h.En el área sanitaria de Vigo, unos doscientos menores de entre 12 y 16 años están pendientes de que sus padres lleguen a un acuerdo para ponerse la vacuna del covid. En Barcelona, hace unos días, se dio a conocer la primera sentencia que daba a la razón a la madre, partidaria de inmunizar a sus hijos, frente al deseo del padre de no hacerlo.
No es algo infrecuente, en el caso de padres separados, las decisiones que afectan a cuestiones importantes del menor, como la educación, la sanidad o la religión, deben tomarse de acuerdo por quien ostenta la patria potestad, es decir, los dos progenitores. Pero ¿qué hacer en estas situaciones, cómo solventar el conflicto? María del Carmen González Ferro, vicedecana del Colegio de Abogados de Santiago, explica que en estos casos se abre un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el que el juez actúa como «hombre bueno» tomando una decisión en función del interés superior del menor.
Antes de la llegada del covid, el tema de la vacunación ya generaba controversia entre los padres. No tanto las del calendario oficial como aquellas que se recomiendan a mayores y deben abonar los padres, como la de la meningitis o el rotavirus, e incluso las más recientes del calendario vacunal como la del VPH para las adolescentes. Pero hay otras cuestiones, explica González Ferro, como el colegio a elegir, si el menor hace la primera comunión o cursa la materia de Religión, que también llegan a los juzgados.
¿Es un proceso rápido?
Tal y como prevé el artículo 86 de la ley de jurisdicción voluntaria, si hay desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad debe intervenir un juez. Carmen Torreiro, abogada de Torreiro&Rabuñal Abogados, recuerda que suelen ser procesos rápidos, de no más de treinta días. Lo que ocurre es que el volumen de trabajo de los juzgados pueden dilatar estas decisiones, por lo que aconseja intentar evitar «tiempo y dinero» en un procedimiento en el que se sabe previsiblemente cuál es la solución judicial.
¿Se tiene en cuenta lo que quiere el menor?
A partir de los 16 años el menor ostenta ya la mayoría de edad sanitaria. Es decir, no es que haya que tener en cuenta lo que piensa el adolescente, sino que decide por sí mismo. Entre 12 y 16 años, ya que es a partir de esta edad cuando se pone la vacuna del covid, el juez «pondera las particularidades el caso siempre en beneficio de menor», y escuchando al adolescente, ya que así lo exige la legislación. Es decir, que aunque decide el juez, no solo incorpora los argumentos de ambos progenitores, sino lo que opina el menor.
¿Cuál suele ser el resultado?
Las dos abogadas consultadas coinciden en su análisis, los jueces suelen decantarse por inmunizar al menor. «Llevamos muy poco tiempo con la vacunación en menores y esto dificulta poder hablar de una jurisprudencia reiterada, pero hasta la fecha tribunales como los de Sevilla, Barcelona y Pontevedra se han pronunciado siempre en beneficio del progenitor que solicitaba dicho permiso y en beneficio de los menores», explica Carmen Torreiro.
González Ferro coincide, «se me ocurre que los jueces valorarán las razones de la negativa», es decir, si el padre que está en contra de la vacunación lo hace porque hay una patología previa o alguna causa que pueda desaconsejar esta inmunización. En caso de que no exista y teniendo en cuenta de que las autoridades sanitarias han aprobado la vacunación, «no se me ocurre ningún caso en el que el juez la deniegue».
Decreto ley para saber qué alumnos están vacunados
Mientras algunos padres no quieren vacunar a sus hijos, la Generalitat ha elaborado un decreto ley para que los centros educativos de secundaria tengan acceso a los datos de vacunación del alumnado y el personal. El objetivo sería saber a qué estudiantes habría que confinar en caso de detectarse un positivo de covid.