El Gobierno no necesita crear una empresa pública de electricidad para competir con las privadas. Con las medidas anunciadas por Pedro Sánchez y la literatura que las acompañó, esas empresas privadas ya se hundirán solas, sin necesidad de que las ahogue la iniciativa pública. Su bajada en Bolsa a la hora en que se escribe esta crónica anuncia una espantada de los accionistas. Nadie invierte en una empresa de la que el Gobierno piensa que hay que recortar beneficios. Los gobernantes no pensaron, quizá, en los millones de ciudadanos que tienen sus ahorros en acciones de esas compañías. Quizá tampoco pensaron en los planes privados de pensiones y fondos de inversión ligados al valor bursátil de esas empresas a las que, según Teresa Ribera, les falta empatía social.
Mientras tanto, como si fuese una burla de los mercados, el megavatio hora batía ayer otro récord, pero a lo sublime: alcanzaba los 172 euros. Subía como si no hubiera un mañana. Alcanzaba cotas increíbles de campeonato. Y atención a lo que viene, porque el gas sigue también su escalada y, según algunos expertos, cada euro que sube el gas se multiplica por dos en las subastas eléctricas. El señor Sánchez, muy previsor, dijo algo sobre esto: prometió que topará el precio del gas, pero tuvo que reconocer que hay circunstancias internacionales -ese precio, sin ir más lejos- ante las cuales los gobiernos tienen las manos atadas.
Se comprenderá que, ante esa impotencia confesada, las ilusiones de abaratamiento están formalmente devaluadas, aunque se prometa una rebaja del 30 % hasta fin de año. Siento decirlo, primero por interés de consumidor y, segundo, porque el trabajo de la ministra Teresa Ribera me parece serio, desprovisto de ideología y respetuoso con los derechos de los demás, incluida la rentabilidad de las empresas de electricidad. La señora Ribera es mujer de ideas claras y ministra realista.
Si la vicepresidenta actúa con seriedad y Sánchez parece metido en un galimatías, el diagnóstico es inquietante: no estamos solo ante una crisis de precios de la luz; estamos ante una crisis energética en toda su dimensión. El decreto aprobado ayer fue calificado como «medidas excepcionales para una situación excepcional». Nadie sabe lo que puede pasar después del 1 de enero. Y lo peor: nadie sabe qué intereses nacionales o capitalistas se mueven o contra quién actúan, en algo que empieza a parecerse a una nueva forma de guerra con la sospechosa mano de Moscú detrás. Quizá por eso el señor Sánchez cita problemas ante los cuales los gobiernos son inútiles. Eso es la crisis. La crisis ya no es lo que decía Gramsci («lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir»). La crisis es que, ante el desaliento ciudadano, hay detalles en los cuales los gobiernos son unos actores cuyo triste papel es, simplemente, representar un guion que no saben quién escribió.