Las eléctricas rechazan las medidas «intervencionistas» del Gobierno

Cristina Porteiro
c. porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

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Jaume Sellart

Las nucleares amenazan con un cierre desordenado si recortan sus beneficios

15 sep 2021 . Actualizado a las 08:37 h.

El anuncio del Gobierno ha hecho saltar todos los fusibles en el sector eléctrico. La patronal Aelec ha manifestado este martes su «contundente rechazo» a unas medidas que tacha de «intervencionistas» y que «penalizan de forma injusta» a un sector que aporta 3.300 millones de euros anuales en impuestos y tiene comprometidos 4.500 millones de euros este año en inversiones. Según sus cálculos, a los 172,78 euros que cobran el MWh, tendrán que restarle los 65 euros el MWh que les recortarán de la subida de los precios del gas y otros diez del CO2. Sobre la obligación de subastar energía, Aelec recordó que ya se intentó en el 2007 y no funcionó: «El resultado fue una mera transferencia de rentas a determinados intermediarios». ¿Qué solución proponen? Una reforma de la tarifa regulada «que evite -como sucede en países europeos de nuestro entorno- el traslado a los consumidores de la volatilidad del mercado».

Las nucleares también manifestaron su oposición a los planes del Ejecutivo para abaratar la factura de la luz. Hoy amenazaron con un «cierre desordenado» si sale adelante el proyecto de ley que actúa sobre la retribución que obtienen por el CO2 no emitido y el gas no utilizado en la generación -son los conocidos como beneficios caídos del cielo-. El sistema marginalista de precios permite que tanto nucleares como hidráulicas cobren por la energía generada como si hubieran tenido que adquirir derechos de emisión o comprar gas en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque con el sistema actual todas las tecnologías cobran lo mismo que la última en entrar al pool -la más cara, como puede ser una planta de ciclo combinado-.

El Gobierno ha decidido pasar la tijera a esos ingresos extraordinarios e injustificados. Lo hizo primero con los 650 millones de euros vinculados al CO2 y lo hará ahora con otros 2.600 millones extra que, calcula, pueden percibir hasta el 31 de marzo del 2022.