Las nucleares amenazan con un cierre desordenado si recortan sus beneficios
15 sep 2021 . Actualizado a las 08:37 h.El anuncio del Gobierno ha hecho saltar todos los fusibles en el sector eléctrico. La patronal Aelec ha manifestado este martes su «contundente rechazo» a unas medidas que tacha de «intervencionistas» y que «penalizan de forma injusta» a un sector que aporta 3.300 millones de euros anuales en impuestos y tiene comprometidos 4.500 millones de euros este año en inversiones. Según sus cálculos, a los 172,78 euros que cobran el MWh, tendrán que restarle los 65 euros el MWh que les recortarán de la subida de los precios del gas y otros diez del CO2. Sobre la obligación de subastar energía, Aelec recordó que ya se intentó en el 2007 y no funcionó: «El resultado fue una mera transferencia de rentas a determinados intermediarios». ¿Qué solución proponen? Una reforma de la tarifa regulada «que evite -como sucede en países europeos de nuestro entorno- el traslado a los consumidores de la volatilidad del mercado».
Las nucleares también manifestaron su oposición a los planes del Ejecutivo para abaratar la factura de la luz. Hoy amenazaron con un «cierre desordenado» si sale adelante el proyecto de ley que actúa sobre la retribución que obtienen por el CO2 no emitido y el gas no utilizado en la generación -son los conocidos como beneficios caídos del cielo-. El sistema marginalista de precios permite que tanto nucleares como hidráulicas cobren por la energía generada como si hubieran tenido que adquirir derechos de emisión o comprar gas en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque con el sistema actual todas las tecnologías cobran lo mismo que la última en entrar al pool -la más cara, como puede ser una planta de ciclo combinado-.
El Gobierno ha decidido pasar la tijera a esos ingresos extraordinarios e injustificados. Lo hizo primero con los 650 millones de euros vinculados al CO2 y lo hará ahora con otros 2.600 millones extra que, calcula, pueden percibir hasta el 31 de marzo del 2022.
A pesar de que el recorte de beneficios será temporal, Foro Nuclear rechaza la medida y advierte de que esta maniobra, junto a la «excesiva presión fiscal» que sufren, «abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear» español. Según los cálculos de la organización, la actividad de las plantas se vería comprometida por el estrecho margen de beneficios. Consideran que el precio de venta real de generación de energía nuclear, una vez diluido el precio del CO2, no debería ser inferior a los 57-60 euros el MWh, teniendo en cuenta los impuestos que tienen que pagar.
Esa fiscalidad -el 61 % de los 1.900 millones de euros que facturaron en el 2020 se fue en impuestos y tasas-, junto con el recorte de los beneficios, la proyección a la baja de los precios de la energía a partir del 2024 por la entrada masiva de renovables y los 3.000 millones de euros que tienen previsto desembolsar en inversiones hasta el cierre del parque nuclear en el 2035 «conducirían a su inviabilidad económico-finanicera y abocarían al cese anticipado de la actividad», alegan. Las empresas que explotan las plantas se quejan de que se ponga el foco en los beneficios caídos del cielo y no en los «impuestos caídos del cielo», como los denominó el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ya que las nucleares pagan 23 euros el megavatio horas en tasas. La consejera delegada de Iberdrola en España, Ángeles Santamaría, respalda ese relato. Denuncian que, salvo en el 2021, las plantas han producido a pérdidas.
El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, alertó de las consecuencias que puede acarrear este movimiento para abaratar la factura de los hogares ensañándose con la nuclear, que produce el 22 % de la electricidad que se consume: «Conduciría a un cierre desordenado, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista [al no poder desplazar a las tecnologías más caras]».
Paradas técnicas
Otra cuestión será si el Gobierno logra su objetivo de mantener la factura de la luz de los hogares en los niveles del 2018. Será difícil porque el otoño viene acompañado de un calendario de paradas técnicas. Al menos tres centrales nucleares -Almaraz, Ascó I y Cofrentes- tienen que recargar combustible y parar.
La electricidad dispara la cesta de la compra un 3,9 %
c. p.
La electricidad es la gran protagonista del encarecimiento de la cesta de la compra de los gallegos, la segunda que más subió en el último año (3,9 %) en España, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El IPC gallego aceleró un 0,6 % en agosto, acumulando una subida del 2,5 % en lo que va de 2021. Y hay una culpable cara: la vivienda. Hoy se paga un 13,7 % más en Galicia que hace un año por los suministros básicos como la luz, el gas y los combustibles. La mayor parte de ese encarecimiento se concentra en los últimos seis meses, coincidiendo con el rali en los precios de la energía y el transporte.
En el conjunto de España el IPC también se ha disparado hasta el 3,3 %, la tasa más alta desde octubre del año 2012, y de nuevo, la culpable es la luz: en agosto, el mes más caro de la historia, se pagó la electricidad casi un 35 % más cara que hace exactamente un año y un 21,1 % más cara que en enero. Si no fuera por la rebaja decretada del IVA del 21 % al 10 %, el precio de la luz se habría anotado una escalada del 47,9 % en agosto respecto al mismo mes del 2020. Los combustibles también han apuntado al cielo este verano, trepando un 21 % respecto a hace un año. Con estas cifras, la inflación ya encadena ocho meses en tasas positivas consecutivas y empieza a ejercer presión sobre el resto de la economía. Los precios del transporte son un 8,8 % más caros -9,4 % en el caso de Galicia-, y la restauración y los hoteles ya han subido un 1,3 % desde el pasado verano -1,4 % en Galicia-.
