Garamendi insiste en que la subida del salario mínimo perjudicará a los negocios pequeños
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Reprocha al Gobierno que la subida de los costes no vaya acompañada de una revisión de los contratos de empresas con las Administraciones
17 sep 2021 . Actualizado a las 13:05 h.El presidente de la principal patronal de empresarios (CEOE), Antonio Garamendi, ha arremetido este viernes contra la decisión del Gobierno de aprobar, de forma consensuada con los sindicatos, una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 15 euros al mes con efectos retroactivos desde el pasado 1 de septiembre y con el compromiso de que ascienda en el mes de enero del 2022 a los 1.000 euros brutos, hasta alcanzar en el 2023 el 60 % del salario medio. Una medida de la que se beneficiarán hasta 83.000 gallegos que perciben este suelo salarial.
El líder de los empresarios acusó al Ejecutivo de tomar una decisión «en clave política» y excluir «planteamientos serios» como el de mantener congelado el SMI hasta afianzar la recuperación de todo el tejido productivo, según expuso en una entrevista a Onda Cero. Según Garamendi, el Gobierno ya había tomado la decisión antes de sentarse a negociar y eso no ha sentado bien en la patronal que ha intentado hacer valer sus argumentos para evitar el alza salarial, alegando que muchas firmas todavía se encuentran en una situación vulnerable por las pérdidas que acumularon en la pandemia y que el aumento de los costes laborales podría empujar al alza la economía sumergida y precipitar la destrucción de puestos de trabajo -hasta 130.000 empleos si se sube a los 1.000 euros en el 2022, según Cepyme-. «Nuestra posición es que en estos momentos no. En otros momentos hemos dicho que sí a subir el SMI, pero ha subido un 30 % en los últimos tres años. Con la que está cayendo, la pandemia, es un momento muy delicado», ha defendido, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Las pequeñas, más afectadas
El presidente de la patronal ha insistido en que este rechazo frontal a la subida del SMI tiene poco que ver con las empresas del Ibex 35 y sí con los negocios más pequeños, que conforman la mayoría del tejido empresarial en España. Las pymes tienen menos músculo y colchón financiero para poder adaptarse a cualquier subida de los costes laborales. Por eso puso como ejemplo a los pequeños agricultores, a los que les será difícil absorber esta nueva subida del SMI después de que haya crecido ya un 30 % en los últimos años. «Prácticamente todos los convenios colectivos del campo están impugnados por esa subida del 30 %», subrayó.
Contratos públicos
En la ristra de reproches al Gobierno, Garamendi no se olvidó de una de las quejas recurrentes de los empresarios: que se aprueben medidas de alzas salariales, pero no se revisen igualmente al alza las licitaciones y contratos cerrados de las empresas con las Administraciones públicas. Ha puesto énfasis en la «paradoja» que supone que en los contratos adjudicados a las empresas no se contemplen estas subidas del salario mínimo: «Yo lo resumo en la frase: te invito a cenar, pero paga tú la cena», ha dicho Garamendi, quien ha recordado que en 12 de las 17 comunidades autónomas ya se cumple el objetivo de que el SMI supere el 60 % del salario medio bruto.
Posible ruptura de la negociación colectiva
«Si esto sigue así, podría romper a futuro la negociación colectiva», alertó Garamendi, enfadado por haber sido arrinconado en las negociaciones. «A mí me gustaría que los políticos, que muchos ganan bastante más que los empresarios que yo represento, en un par de meses contrataran una persona que cobre el SMI y que generen ellos empleo. Porque facturar en este país no están fácil», ha señalado.
No se cerró en banda al abordar una posible subida del SMI para el 2022, ya que las perspectivas son buenas: «En enero estaremos en una posición diferente, los sectores más castigados se van abriendo poco a poco. Ya lo veremos», ha dicho.
