La Fiscalía avisó a Juan Carlos I de que le estaba investigando antes de que hiciera sus regularizaciones con Hacienda
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El rey emérito recibió notificaciones formales sobre la apertura de las tres investigaciones sobre su patrimonio, lo que puede impedir su exoneración de un posible delito fiscal
21 sep 2021 . Actualizado a las 10:09 h.Los inspectores de Hacienda ponen en duda la legalidad de las dos regularizaciones fiscales del rey emérito, Juan Carlos I. Si la defensa del exjefe de Estado fue informada por la Fiscalía del Tribunal Supremo de la existencia de investigaciones con posibles «implicaciones penales», las regularizaciones habrían perdido el carácter «espontáneo» que exige la ley para que sean válidas, según el análisis del presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado.
El diario El País publicó este lunes que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, notificó al rey emérito en junio, noviembre y diciembre del 2020 de la apertura de las tres investigaciones que llevaba a cabo para invitarle a personarse en las diligencias. No lo hizo. Lo que sí hizo fue presentar ante la Agencia Tributaria dos regularizaciones para evitar un delito fiscal. En la primera, en diciembre pasado, pagó 678.393 euros y en la segunda, en febrero, casi 4,4 millones, por impago de impuestos, intereses y recargos entre el 2016, el 2017 y el 2018.
El primer desembolso correspondía al uso de tarjetas opacas para gastos privados financiadas por su amigo Allen Sanginés-Kraus. El segundo pretendía cubrir los ingresos no declarados por viajes privados abonados por la fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans.
La ley exige que la regularización para eximir de un delito fiscal debe ser «completa, espontánea y voluntaria». La Agencia Tributaria, a pesar de los meses transcurridos, aún no ha resuelto si las dos que desembolsó el emérito se ciñeron a los criterios legales. Pero a tenor de la información divulgada no parece que el requisito de espontaneidad se cumpliera, dado que estaba informado de los pasos de la Fiscalía. El presidente de Ghesta así lo cree.
Cruzado considera que la regularización podría no ser válida porque no cumple el requisito de la «espontaneidad» que exige la ley ya que el rey Juan Carlos recibió la notificación de que las investigaciones apuntaban a posible «implicación penal» aunque no entrara en detalles.
El Gobierno guardó silencio ante las informaciones mientras que sus socios de Unidas Podemos consideraron «gravísimo» que el exjefe del Estado intente burlar la ley con una argucia.
Ferraz: «No toca»
La Portavoz del PSOE y viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, no quiso valorar ayer este episodio: «No toca», alegó, reclamando prudencia ante las investigaciones en curso. «No vamos a valorar filtraciones, ni investigaciones judiciales en curso», afirmó la Portavoz socialista, quien ha pedido que se deje trabajar a la justicia y a los órganos competentes en cada momento.
Por su parte, la coportavoz de Podemos, Isa Serra, advirtió que si la Fiscalía avisó hasta en tres ocasiones al emérito de que estaba siendo investigado, su regularización fiscal «no fue legal». A su vez, la portavoz federal de IU, Sira Rego, lamentó ante la prensa que este asunto confirma que «no todos son iguales ante la ley». «Es una evidencia», ahondó. El vicesecretario de Ciudadanos Daniel Pérez Calvo afirmó que su partido espera que se cumplan todos los procedimientos que prevé el ordenamiento jurídico, recoge Europa Press.