El juez propone juzgar a los jefes de seguridad de Repsol y CaixaBank por el espionaje al expresidente de Sacyr
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La Audiencia Nacional les atribuye un delito de cohecho activo
20 sep 2021 . Actualizado a las 16:45 h.El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar a los jefes de Seguridad de Repsol, Rafael Araújo Bernabé, y de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, así como al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al policía Enrique García Castaño por el encargo al excomisario para espiar al presidente de Sacyr Luis del Rivero, con el fin de evitar que este grupo se hiciera con mayor control en Repsol mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex. La Audiencia Nacional informó de que el juez acuerda también proceder contra el subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona.
García Castellón finaliza así la instrucción de la pieza 21 (proyecto Wine) del denominado caso Tándem.
En su auto, el magistrado atribuye a los dos jefes de Seguridad y a Girona un delito de cohecho activo, a Villarejo y Redondo cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos, que también atribuye a Enrique García Castaño.
El instructor explica que en el 2011 el grupo Cenyt elaboró una serie de informes sobre Luis del Rivero, su mujer, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo director financiero de Repsol con los que la empresa de Villarejo accedió a información, llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y su entorno, lo que constituyen datos de carácter reservado a los que no se tiene acceso por fuentes abiertas ni registros públicos. El tráfico de llamadas y comunicaciones fue facilitado por Enrique García castaño, entonces jefe de la Unidad Central Operativa.
Cenyt recibió por este encargo abonos con cargo a las sociedad de Repsol y CaixaBank por valor de 413.600 euros, de los que 218.900 corresponden a pagos de Repsol y 194.700 a Caixabank.
El magistrado destaca que cuando se llevaron a cabo estos hechos Villarejo era comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que no existía ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de los tráficos de datos relativas a las personas investigadas por el Grupo Cenyt.
A partir de ahora, las acusaciones personadas disponen de un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, según la Audiencia Nacional.