Choque entre ministras: Montero discrepa de Darias y asegura que regulará la objeción de conciencia al aborto

La Voz

ACTUALIDAD

Ayuso defiende que ella no obligará «a ningún médico a practicar un aborto contra su conciencia»

23 sep 2021 . Actualizado a las 16:33 h.

En España se practican al año unos 100.000 abortos, de los que el 85 % se llevan a cabo en clínicas concertadas o privadas. Hasta cinco comunidades no realizan estas intervenciones en su red sanitaria pública, lo que no quiere decir que sus pacientes tengan que costeárselas de su propio bolsillo ni trasladarse a otra autonomía: la mayoría de los hospitales derivan las interrupciones voluntarias de los embarazos a clínicas subvencionadas especializadas. Lo hacen así, básicamente, por dos razones: porque precisamente por esa especialización estos centros extrahospitalarios están más preparados y porque son muchos los profesionales de la Seguridad Social que, por principios morales, prefieren evitar hacerlas. Se acogen a su derecho médico de objeción de conciencia, recogido en la Constitución. ¿Están obstaculizando las motivaciones ideológicas de médicos, enfermeras y matronas la prestación de un servicio público? ¿Es necesario regular esta objeción para garantizar que en todos los hospitales públicos haya algún sanitario que pueda practicar un aborto?

El debate se reabrió este miércoles después de que la Cadena Ser hiciese público el testimonio de Marta Vigara, una geriatra a la que, según su versión, se le negó una intervención de este tipo en la semana 17 de embarazo en el Hospital Clínico de Madrid, pese a que el feto era prácticamente inviable y su vida corría peligro. Absolutamente todos los médicos de la plantilla hospitalaria eran objetores, aseguró Vigara. Inmediatamente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, reaccionó a la denuncia a través de un mensaje en Twitter urgiendo a blindar el derecho a abortar a través de una reforma de la ley, pero horas más tarde la titular de Sanidad, Carolina Darias, descartó que en su departamento tuviese alguna intención de modificar la regulación del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, abogando por compatibilizar ambos derechos, el de las mujeres a abortar y el de los médicos a negarse a hacer esta intervención.

Montero volvió a la carga esta mañana, en la misma emisora radiofónica que Vigara relataba ayer su caso. Aseguró que en el plazo de tres meses el Gobierno tendrá un borrador de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y garantizó que se regulará el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en contra del criterio de Darias. Para la ministra de Igualdad es «urgente» reformar la ley, ya que, en su opinión, en «España hay reconocido un derecho que no se puede hacer efectivo para miles de mujeres con el enorme dolor que supone, lo que representa una violación de los derechos humanos que reconocen todos los organismos internacionales».