Trabajo prepara una nueva prestación asistencial para quien agote el paro
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Quiere crear un subsidio único que amplíe la duración de los que hay ahora
23 sep 2021 . Actualizado a las 09:08 h.RAI, PAE, Prepara o subsidios para trabajadores agrarios. El mapa de las ayudas desplegadas en los últimos años para dar cobertura a aquellos desempleados que agotaban la prestación contributiva por desempleo es un galimatías en el que el Ministerio de Trabajo lleva tiempo queriendo poner orden. Tras un primer paso en el 2018, con la unificación de varias de las figuras anteriores en el subsidio extraordinario por desempleo (SED), el departamento que dirige Yolanda Díaz ultima ahora un proyecto de ley para la creación de una nueva prestación asistencial que sirva de última red de cobertura para los parados de larga duración.
Antes de elaborar ese texto legal, el ministerio ha abierto un proceso de consulta pública para recibir sugerencias que puedan ayudar a su objetivo de «simplificar y mejorar el marco de la protección por desempleo de nivel asistencial», para lo cual plantea la creación de un subsidio «complementario a la prestación contributiva de desempleo».
No se trata solo de refundir las ayudas ya existentes en una nueva, sino que también se persigue «mejorar la cobertura», aumentando la duración de los subsidios actuales y eliminando sus lagunas de protección. Y es que el Gobierno reconoce en la presentación del proyecto que las ayudas que hay ahora actúan «de forma fragmentada y desigual», con una sobreprotección a ciertos colectivos, «principalmente mayores de 45 años», y de desprotección en otros, como los desempleados de menor edad sin responsabilidades familiares.
La reforma de este nivel asistencial de las prestaciones por desempleo, incluida dentro del paquete de reformas prometidas por el Ejecutivo a las autoridades comunitarias para recibir los fondos de recuperación Next Generation, pretende también reducir la carga burocrática en la tramitación de las ayudas, de forma que para el ciudadano haya menos barreras de cara al acceso al subsidio; y para la Administración, una menor carga de gestión.
Eso sí, a cambio de esa mayor cobertura Trabajo anuncia que la nueva prestación se vinculará con el compromiso del beneficiario de seguir un itinerario personalizado de empleo, incorporando a los perceptores «de forma prioritaria en programas y acciones que posibiliten su reinserción» laboral.
Este nuevo subsidio, además, solo estará disponible para aquellos ciudadanos que cuenten con algún período previo de cotización, salvo excepciones contadas, como las víctimas de violencia machista o las personas que salgan de prisión.
Incentivos a la contratación
Además de la relativa a las prestaciones por desempleo, Trabajo prepara otra modificación legislativa para reformular los incentivos a la contratación y la creación de empleo (asalariado o autónomo), especialmente aquellas que conlleven rebajas en las cuotas de la Seguridad Social. Solo estas últimas suponen una pérdida de recaudación ligeramente superior a los 1.800 millones de euros al año, cuantía a la que hay que sumar el desembolso directo que se realiza a través de subvenciones por parte de los servicios públicos de empleo, ya sea con fondos estatales, de las comunidades autónomas o de la UE.
«Al no existir un marco jurídico único, falta una visión integral de las medidas», destacan desde el ministerio, donde apuntan que «otro problema que aqueja al sistema de bonificaciones para el estímulo al empleo es su propia eficacia», aludiendo al estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que cuestionó los resultados de estas políticas. En concreto, la AIReF concluyó que estos incentivos permiten crear empleo en época de crisis, pero que esos puestos tienen bajas tasas de supervivencia una vez se retira la ayuda pública. Y «en ningún caso sustituyen a las reformas necesarias para combatir la elevada temporalidad y el alto nivel de desempleo que caracterizan al mercado laboral español».
Ante ese diagnóstico, la intención de Trabajo es focalizar los incentivos para tratar de fomentar la colocación de parados con la firma de contratos indefinidos, concentrando esas bonificaciones «en colectivos muy específicos de baja empleabilidad».