Escrivá pide un «cambio cultural» para trabajar más entre los 55 y los 75 años
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El ministro rechaza la introducción de nuevos impuestos, pero sí la revisión de las exoneraciones y beneficios fiscales
26 sep 2021 . Actualizado a las 18:26 h.Los españoles trabajan menos de lo que deberían y perciben unas pensiones más abultadas de lo que les correspondería. Eso es lo que ha deslizado este domingo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, en una entrevista concedida al diario Ara. Aunque antes que él, el Banco de España ya advirtió de los desequilibrios de caja que se avecinan por ese desfase. Lo hizo el año pasado al asegurar que por cada euro que pone un cotizante medio en la hucha, percibe 1,74 al jubilarse.
Las cuentas públicas no cuadran y lo peor está por venir: en los próximos años se jubilarán las abultadas cohortes del baby boom, a quienes les corresponderían pensiones todavía más altas de las que se pagan a 2021. Para evitar que el Estado se tenga que endeudar por más décadas, Escrivá sugirió el pasado mes de julio a los futuros pensionistas que elijan entre «un ajuste pequeño en su pensión» o «trabajar algo más». Y lo ha vuelto a reiterar al asegurar que en España «hace falta un cambio cultural» para seguir la tendencia europea de trabajar cada vez más entre los 55 y los 70 o 75 años, según recoge Europa Press.
Para defender su postura, Escrivá ha alegado que, por razones demográficas y de calidad de vida, ahora «se puede trabajar más» y que, en este sentido, España es una anomalía en el entorno europeo porque «no solo no seguimos esta tendencia sino que reducimos la proporción de mayores de 55 años en activo». Un fenómeno que se ha intensificado con los ajustes de plantilla que han llevado a cabo grandes empresas y entidades financieras durante la pandemia, al proponer salidas incentivadas con primas.
Sostenibilidad del sistema
A la eterna pregunta sobre si el sistema de pensiones es sostenible, el ministro ha dejado claro que sí lo es, aunque ha subrayado la importancia de conseguir que la edad legal y la edad real de jubilación se acerquen. De ahí el empeño de su equipo en penalizar las jubilaciones anticipadas y en introducir incentivos para quienes opten por alargar su carrera laboral, algo que en la actualidad no compensa, según los cálculos del Banco de España.
Impuestos
Otra de las cuestiones que trata de encajar el Gobierno es la reforma de la fiscalidad. Informes de la Comisión Europea apuntan una y otra vez a que las rentas del trabajo en España soportan un peso mayor en proporción al que soportan las empresas, así que no hay mucho margen para cubrir la brecha de las pensiones por esa vía, mucho menos con la distribución de las rentas en el país -el 20,5 % de los hogares ingresan menos del 60 % de la renta mediana española-.
Al respecto, Escrivá ha rechazado la posibilidad de introducir nuevos impuestos en España, aunque sí ha defendido la necesidad de «evaluar» las exoneraciones y beneficios fiscales para comprobar si cumplen con su misión, algo sobre lo que Bruselas, y también el Gobierno, tienen sus dudas.
Mercado laboral
No se olvidó el ministro de uno de los problemas más acuciantes que están experimentando las empresas: la falta de mano de obra. Consciente de que la oferta irá menguando en los próximos años debido a la reducción de las tasas de natalidad, Escrivá se ha mostrado favorable a promocionar mecanismos de migración regular y ordenada que respondan a las necesidades del mercado laboral, desterrando el modelo actual, que genera «bolsas de inmigración irregular muy extendidas en el tiempo».
Los autónomos, quienes han denunciando la tardanza de las ayudas y su exclusión en los planes de recuperación, pasarán de estar protegidos por el paro extraordinario a recibir ayudas en forma de exoneraciones para mantener la actividad.
Ingreso mínimo vital
Un año y casi cuatro meses después de poner en marcha el ingreso mínimo vital (IMV), el Gobierno ha concedido 350.000 solicitudes de las más de medio millón que tenía prevista -según los cálculos más conservadores-. Una cifra que se queda lejos de la estimada según los parámetros de riesgo de pobreza y exclusión. Escrivá achaca esta brecha a que muchas personas que el Gobierno había identificado como potenciales beneficiarios no han pedido la ayuda, por lo que están diseñando una encuesta para dirigirse a ellos.
Sobre el elevado número de peticiones rechazadas, el ministro ha asegurado que «hay una gran distancia entre la percepción que uno tiene sobre cómo es de pobre y sobre su situación de vulnerabilidad y la realidad».