La Fiscalía ve ilegal la repatriación de menores en la crisis migratoria de Ceuta

Manuel Costoya
M. C. Cereijo REDACCIÓN

ACTUALIDAD

BRAIS LORENZO

Sostiene que se vulneraron sus derechos y se ignoró el proceso regulado por la ley

28 sep 2021 . Actualizado a las 19:06 h.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional dio a conocer este martes un contundente auto en el que considera «nulo de pleno derecho» el proceso de repatriación de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo. Las cifras globales hablan de un total de 800 niños y adolescentes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma durante una crisis diplomática y humanitaria entre España y Marruecos sin precedentes.

El pasado mes de agosto, el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska autorizó la repatriación de parte de estos menores que todavía se encontraban en Ceuta, sosteniendo que se ajustaban a derecho y bajo las razones de que los implicados «querían volver a su país». Marlaska, incluso, argumentaba que existía un «estudio pormenorizado» de cada menor.

La decisión de Interior volvió abrir una fisura en el Gobierno de coalición después de que la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, criticase en procedimiento llevado a cabo y acusase a Marlaska de no informarle de lo que estaba ocurriendo. Varias onegés también fueron muy críticas con la decisión, entre ellas la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado que presentó un recurso contencioso administrativo contra la orden de Interior, sobre el que se pronunció este martes la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que lo admite.

El ministerio público sostiene que las actuaciones realizadas son nulas de pleno derecho porque se prescindió «total y absolutamente» del procedimiento legal establecido y se vulneraron las «garantías esenciales» que lo rigen. El fiscal Manuel Campoy señala que en las actuaciones administrativas impugnadas se omitió el trámite de comunicación a los menores interesados, «información de sus derechos y nombramiento de defensor judicial, en su caso, cercenándoles así la posibilidad de acceso a la tutela judicial y de poder ser revisados judicialmente los actos administrativos concernidos».

La Fiscalía también señala en su auto que deben ser los juzgados de lo contencioso de Ceuta y no la Audiencia Nacional quienes tramiten el caso.