El Ejecutivo catalán acusa al Supremo de hacer el ridículo mientras el Gobierno asegura que no está en su mano la extradición
05 oct 2021 . Actualizado a las 19:02 h.El Tribunal Constitucional cerró este martes filas con el juez del Supremo, Pablo Llarena, y avaló la vigencia de las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales dictadas contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
La decisión del Constitucional, adoptada por unanimidad, llegó un día después de que la justicia italiana, a través del tribunal de Sassari (Cerdeña), suspendiera el proceso de extradición del dirigente nacionalista. Le dejó libre a la espera de que los tribunales europeos emitan su veredicto sobre la inmunidad del expresidente por su condición de eurodiputado y sobre una cuestión prejudicial planteada por el propio Llarena, que pidió al Tribunal de Justicia de la UE que fije los motivos por los que se pueden emitir y rechazar las euroórdenes.
Hasta la fecha, la justicia de Bélgica, Alemania o Italia no han accedido a extraditar a Puigdemont. Llarena defiende, en cualquier caso, que «el procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía», según trasladó a la justicia italiana. El Constitucional respalda a Llarena y rechaza dejar en suspenso la vigencia de las órdenes de detención.
El pleno del Constitucional desestimó, de esta forma, el recurso y la solicitud de medidas cautelares reclamadas por Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos huidos de la justicia española y sobre los que pesa una orden de detención internacional para ser extraditados a España para ser juzgados por sedición. Puigdemont y los exconsejeros recurrieron las resoluciones de 14 de octubre y 4 de noviembre del 2019, en las que se acordaba emitir órdenes nacionales, europeas e internacionales contra ellos tras la sentencia del procés, que condenó a penas de nueve a trece años por sedición y en algunos casos también por malversación.
La decisión del tribunal italiano, que dejó libre a Puigdemont, no alteró este martes los planes y las agendas del Gobierno central y del catalán, que trataron de ofrecer una imagen de normalidad, a pesar del revuelo político y judicial. El Ejecutivo central replicó al presidente del PP, que el lunes responsabilizó al Gobierno por la no extradición del líder nacionalista pues, a su juicio, se ha quedado de brazos cruzados. «El Ejecutivo no tiene ningún tipo de actuación» prevista, afirmó la ministra de Justicia, Pilar Llop, insistiendo en la idea de que el Gobierno no puede hacer nada en un caso de este tipo. «Estamos ante procedimientos judiciales. El Gobierno respeta los tiempos y el curso del procedimiento», recalcó. Según Casado, Pedro Sánchez está «deseando» que no se extradite a Puigdemont a España porque supondría «reventar» la mesa de diálogo con ERC y la legislatura.
Descrédito
El Ejecutivo catalán evitó lecturas políticas sobre cómo puede afectarle el caso Puigdemont y priorizó en su agenda cuestiones como la reapertura del ocio nocturno o los trenes de Cercanías. Pero sí aprovechó para cargar contra la justicia española y para reclamar la amnistía. «Celebramos que se haya dejado libre a Puigdemont y se haya suspendido el proceso de extradición. Es un nuevo descrédito europeo, por no decir un ridículo internacional de la justicia española», aseguró la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja. «Es necesario poner fin de manera inmediata la represión por parte del Estado español y este Gobierno lo exigirá tantas veces como sea necesario, allí donde sea necesario, hasta conseguirlo», señaló. Gabriel Rufián (ERC) también habló de ridículo por parte de Llarena y desde Junts advirtieron de que el expresidente regresará a Cataluña como «ciudadano libre» más pronto que tarde. «Llarena va de derrota en derrota, y así hasta la derrota final», auguró JxCat.