La subida al sueldo del Gobierno, la nómina de la Casa Real, el incremento en la recaudación de multas y otros detalles de los Presupuestos
ACTUALIDAD
La partida reservada para el SEPE se reduce debido a la reactivación de la economía que prevé el Ejecutivo
14 oct 2021 . Actualizado a las 08:41 h.La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este miércoles en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022. Las cuentas públicas para el próximo ejercicio -las de mayor gasto público de la historia, con 240.000 millones de euros- arrancan así el camino de su tramitación. Más allá de las grandes cifras e inversiones, los Presupuestos recogen también algunas interesantes partidas. Esta es parte de la letra pequeña del texto.
El Ejecutivo de Sánchez se sube el sueldo un 2 % en el 202
Pedro Sánchez y su equipo de Gobierno se subirán el sueldo el próximo año un 2 %, el mismo alza que recibirán los funcionarios. Según el proyecto de Presupuestos, el presidente del Gobierno cobrará el próximo año 86.542 euros, lo que supone unos 7.211,84 euros al mes, ya que no percibe pagas extra. Por su parte, las tres vicepresidentas (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) recibirán 81.341. La nómina del resto de los ministros se quedará en los 76.355 euros.
De todas formas, esto podría cambiar en los próximos meses, como ya sucedió este mismo año. En noviembre del 2020, el PSOE y Unidas Podemos presentaron una enmienda a los Presupuestos que establecía que la subida del 0,9 % fijada en las cuentas públicas del 2021 para los funcionarios no se trasladara al Ejecutivo.
La asignación a la Corona no registrará ninguna variación. El rey Felipe VI y la Casa Real dispondrán en el 2022 de un presupuesto de 8.431.150 euros, la misma cantidad que se les asignó en las cuentas de este año.
Según los datos publicados en enero por la Zarzuela, Felipe VI percibirá en el 2021 un total de 253.850 euros, mientras que la reina Letizia recibirá un suelto bruto de 139.610 euros y la asignación para la reina Sofía será de 114.240 euros, lo que hace un total de 507.700 euros y supone el 6,02 % del presupuesto total.
Casi 1.000 millones recaudados con multas y tasas de tráfico
Según las cuentas públicas presentadas ayer, el Ejecutivo de Sánchez prevé recaudar en el 2022 casi 1.000 millones de euros en multas y tasas de tráfico. Esta cantidad -que concretamente asciende a los 972 millones- supone un incremento del 4,4 % con respecto al actual ejercicio, en el que las previsiones apuntaban a unos ingresos de 933 millones.
En el proyecto de Presupuestos presentado ayer, Hacienda también recoge la partida que destinará a dotar las actuaciones de Seguridad Vial a través del Organismo Autónomo de la Jefatura Central de Tráfico, que ascenderá a los 839 millones de euros.
En las cuentas, también se recoge una dotación a la política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias de 10.149 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,7 %, o lo que es lo mismo, 454 millones de euros más que las cuentas del ejercicio anterior.
Para garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, «sea cual sea su situación económica o social», según el Gobierno, se destinarán 7.442 millones de euros, lo que supone un 73,3 % del total, en tanto que para las políticas penitenciarias se guardarán 1.272 millones. El componente principal de esta dotación lo constituyen los gastos de personal, que ascienden a 6.098 millones, lo que representa el 81,9 % del total.
El presupuesto del SEPE baja ante la previsión de recuperación
La partida reservada para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) será de 29.121 millones de euros, lo que supone un descenso de casi el 8 % con respecto al presupuesto de este año. El Plan de Recuperación aportará 760 millones de euros al organismo para la puesta en marcha de medidas destinadas a reforzar las políticas activas de empleo.
El capítulo del desempleo alcanzará los 22.457 millones de euros (-10,2 % respecto al 2021), de los que 22.093 millones se dedicarán al pago de prestaciones y el resto a gastos de funcionamiento. En conjunto, el Gobierno aspira a proteger a 2,3 millones de personas de los efectos del desempleo (860.575 en la modalidad contributiva y algo más de 1,4 millones en la parte no contributiva). El Ejecutivo justifica el recorte en la dotación para prestaciones por desempleo en la menor necesidad de protección de los trabajadores como consecuencia de la reactivación de la economía tras la crisis del coronavirus.
«En el ámbito del empleo se espera que en el 2022 continúe la senda de recuperación económica, tras la crisis sanitaria, que ya se viene observando en el 2021», subraya el Gobierno, que recuerda que no solo está reduciéndose el paro (-12,3 % interanual en agosto), sino también el número de trabajadores que se encuentran bajo expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Un mecanismo de pago a proveedores prestará 2.000 millones a 1.650 ayuntamientos asfixiados
La ministra de Hacienda sacó pecho en el Congreso de la elevada cantidad de recursos transferidos por el Gobierno a las autonomías desde que Pedro Sánchez es presidente. «490.161 millones de euros en cuatro años de Gobierno progresista, un 36 % más que en los últimos cuatro años del Gobierno del PP», apuntó, subrayando que sin el apoyo de la Administración central no habría sido posible que las comunidades lograran por primera vez bajar de 30 días el período medio de pago a proveedores, un hito alcanzando en plena pandemia y tras una intensa caída del PIB.
También señaló, en referencia a las entidades locales, que en el 2022 recibirán las mayores entregas a cuenta de la historia: 22.062 millones de euros, a los que hay que sumar 1.228 millones adicionales, con lo que en conjunto la financiación subirá un 17 % respecto al 2021. Asimismo, las cuentas del 2022 incluyen una transferencia de 2.050 millones de fondos europeos a los a ayuntamientos.
Otra de las novedades avanzadas por Montero respecto a las entidades locales es que Hacienda pondrá en marcha un mecanismo de pago a proveedores para dotar de liquidez a los ayuntamientos que aún incumplen el período medio de abono, fijado en un mes como máximo. En concreto, beneficiará a 1.650 ayuntamientos (el 80 % del total, cumplen) y a ellos se destinarán unos 2.000 millones de euros con los que aliviar sus dificultades, a cambio de un plan de ajuste que garantice la devolución de la ayuda.