Ribera premiará a las eléctricas que den precios razonables a las industrias

F. Fernández REDACCIÓN / LA VOZ

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Eduardo Parra

El Congreso convalida el decreto que recorta beneficios a las compañías

15 oct 2021 . Actualizado a las 09:29 h.

Cada votación en el Congreso es un sinvivir para el Gobierno de coalición, que necesita votos de la oposición para conseguir la deseada mayoría simple. Y, para alivio del Ejecutivo bicolor, este jueves la obtuvieron para convalidar el real decreto 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Dijeron sí 182 diputados; no, 150; y se abstuvieron trece.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya tiene vía libre para seguir aplicando una rebaja fiscal en la factura eléctrica hasta fin de año y un polémico recorte de ingresos a las compañías eléctricas para recuperar los beneficios extra obtenidos por el rali de precios del gas natural. Este combustible es el que está marcando el paso del mercado mayorista de electricidad, que favorece a las tecnologías más caras.

El Gobierno cifraba el impacto para las empresas del sector en una minoración de 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo. Pero ese cálculo se hizo a mediados de septiembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto. Sin embargo, esas previsiones «han quedado desfasadas, no sabemos cuánto tiempo ni con qué intensidad va a durar esta situación [de escalada de precios de la electricidad], lo que nos obliga a revisar las medidas adoptadas y adaptarlas a las nuevas circunstancias, debemos estar preparados para hacerles frente», reconoció Teresa Ribera durante la defensa del decreto en el pleno del Congreso.

De hecho, la ministra avanzó que en las próximas semanas completarán ese plan de choque aprobado a mediados de septiembre con medidas adicionales que saldrán al rescate de la industria, tan castigada por los elevados precios eléctricos que empresas como Sidenor han decidido parar su producción y Ferroatlántica, reducirla. Así, Ribera anunció que dejarán fuera del recorte de beneficios a las compañías eléctricas que tengan suscritos contratos bilaterales con la industria «a precios razonables previos a la espiral» [alcista].

«Quiero dejar bien claro que [la minoración de ingresos] es aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho, no a quien haya garantizado precios estables antes de la escalada a aquellos consumidores finales que los hayan contratado. Queremos que tampoco sea aplicable para aquellos que garanticen ex novo (de nuevo) precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas. Al contrario, necesitamos impulsar cobertura de precios razonables para nuestra industria. Por ello estamos trabajando para su correcta aplicación y desarrollo».

A qué afecta el recorte

El real decreto recoge que la minoración se aplicará a todos los generadores que vendan electricidad en el mercado mayorista, quedan exentos aquellos que tengan contratos con terceros fijados antes del real decreto, pero excluye los acuerdos entre sociedades de un mismo grupo. O sea, impacta de lleno en las grandes compañías que producen y comercializan electricidad.

Ribera ya había abierto la puerta a retirar o cambiar el real decreto, algo que condicionaba a que la Comisión Europea diese una respuesta conjunta contundente a la escala de precios energéticos. Pero no lo ha hecho. Por eso ha decidido mantener el plan de choque tal cual, aunque lo modificará para aliviar a grandes eléctricas y a la industria.

Consecuencias del plan de choque

El plan de choque aprobado a mediados de septiembre se diseñó para adelgazar la factura final que pagan los consumidores por la luz. De ahí la rebaja fiscal del impuesto de electricidad (que pasó del 5,11 % al 0,5 %), el recorte en un 95 % de los cargos del sistema que penalizan el recibo y también la minoración de beneficios a las compañías, pues esos ingresos cubrirán parte de las rebajas anteriores. Pero las empresas no se han quedado de brazos cruzados, precisamente. Iberdrola, Endesa y Naturgy están empezando a renegociar contratos de suministro para encarecer los precios que pagan algunos de sus grandes clientes; además, Iberdrola anunció que paralizaba inversiones en renovables.

Teresa Ribera: «Da igual cuánta energía barata haya en el sistema, el precio lo marca la más cara»

El gran caballo de batalla de España es el sistema marginalista de fijación de precios mayoristas de la electricidad, intocable para la Comisión Europea. Esa forma de casar oferta y demanda favorece que las tecnologías más caras (como los ciclos combinados de gas) marquen el paso de las cotizaciones que percibirán todas las demás. Teresa Ribera lo resumió así: «Da igual cuánta energía barata haya en el sistema, el mercado marca el precio de la más cara». La comisaria de Energía, Kadri Simson, dijo anteayer que el mejor remedio para esa contrariedad era dejar de usar gas —algo imposible en la actualidad para satisfacer la demanda de energía— y apostar por las renovables, un escenario hacia el que se encaminan Europa y España, pero dentro de unas décadas.

En opinión de Ribera —tesis que comparte también Francia—, el «diseño del mercado mayorista ha quedado en cuestión» a la vista de la crisis de precios energéticos actual, con una «subida abrupta, extraordinaria, del gas, que se ha contagiado al mercado mayorista de electricidad», que arroja «valores históricos nunca vistos, precios sin precedentes». Y no solo en Europa. China ha ordenado el cierre de su industria el 33 % de las horas; y en la India hay cortes de suministro. Además, en el Reino Unido han quebrado ya una decena de comercializadoras y en Portugal, una.

El próximo día 26 habrá una reunión de urgencia de los ministros de Energía de la Unión Europea para abordar la crisis. En ella, Ribera insistirá en la necesidad de reformar la normativa del mercado interior de la electricidad para «evitar que las grandes diferencias de costes entre distintas tecnologías de generación supongan un lastre en los precios finales pagados en el mercado».