PSOE y Podemos apelan a un informe de los letrados del Congreso para mantener el escaño de Alberto Rodríguez
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20 oct 2021 . Actualizado a las 13:42 h.El PSOE y Unidas Podemos se han aliado este martes en la Mesa del Congreso para permitir que el diputado de Podemos Alberto Rodríguez conserve su acta de diputado pese a la condena que le impuso el Tribunal Supremo. Amparándose en el informe redactado por los letrados, los dos partidos que integran el Gobierno de coalición han asumido que la sentencia del Alto Tribunal no afecta a la condición de diputado de Rodríguez quien, por tanto, mantiene su acta.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PP y Vox, los otros dos partidos que forman parte de la Mesa del Congreso, han defendido la posición contraria insistiendo en que Rodríguez debe ser despojado de su escaño en aplicación de esa sentencia.
Tantos los populares como los de Santiago Abascal habían solicitado formalmente a la Mesa de la Cámara que hiciera efectiva la sentencia del Supremo y retirara el acta a Rodríguez por haber sido inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo durante el mes y medio de prisión al que fue condenado. Ambas peticiones han sido rechazadas por la mayoría que suman PSOE y Unidas Podemos.
A primera hora de la mañana, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ya había avanzado que sus representantes del PSOE en la Mesa del Congreso se apoyarían en el informe de los letrados de la Cámara y votaría a favor de que Rodríguez conservase su escaño.
Los servicios jurídicos del Congreso consideran que Rodríguez puede permanecer en su puesto pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en el 2014. El tribunal le condenó con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pero acordó sustituir la pena de cárcel por una multa de 540 euros.
Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción -que además el diputado condenado ya ha pagado- es lo que esgrimen los letrados para plantear que la sentencia no debe tener efectos extra penales. De hecho, sostienen que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó «a nacer en ningún momento» al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.
«Nosotros respetamos siempre las sentencias de la Justicia», ha indicado Gómez, para apuntar, a renglón seguido, que el Grupo Socialista seguiría el criterio apuntado por los letrados del Congreso en este caso y actuaría siempre dentro del «absoluto respeto a la legalidad».
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha cargado este martes contra el PSOE por defender dejar sin efecto en la Cámara la condena del Tribunal Supremo al diputado de Podemos Alberto Rodríguez y que pueda conservar su escaño, y ha pedido la intervención tanto de la Junta Electoral Central (JEC) como de la Fiscalía para que se pronuncien al respecto. En una rueda de prensa en el Congreso, Bal ha cuestionado el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que concluye que no se debe actuar contra Rodríguez, porque, a su juicio, este documento «carece de todo fundamento».
En este contexto, ha mostrado su confianza en que la JEC acabe corrigiendo la interpretación de los letrados y ha avanzado que, si no lo hace, deberá ser la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a través de un «incidente de ejecución», la que diga «si la sentencia se encuentra bien o mal ejecutada».
Por todo ello, Bal ha pedido al PSOE que «no use una doble vara de medir según le convenga a Pedro Sánchez para mantenerse en el poder» y se ha declarado «indignado» por el previsible apoyo de los socialistas para que Rodríguez mantenga su escaño.
«Aferrarse al escaño no tiene nombre», ha dicho, denunciando que los diputados de Podemos solo conciben la institución del Congreso como pagadora de «un buen sueldo para vivir». «El Congreso es la sede de la soberanía nacional, no el refugio de políticos condenados», ha sentenciado.