Sánchez y Casado se enrocan en sus exigencias para renovar el Poder Judicial

Pablo Casado sacó pecho este viernes por el acuerdo para la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional que incluye a dos juristas propuestos por su partido de marcado sesgo conservador. El pacto alcanzado por el PSOE y el PP, según el líder de la oposición, permite avanzar en «la despolitización y el prestigio» de las instituciones por el perfil de los candidatos propuestos. Pedro Sánchez, desde la cumbre europea de Bruselas, evitó valorar los currículos de los aspirantes por responsabilidad institucional.

Los socialistas tratan todavía de digerir los nombres de Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. La ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue apartada del juicio en el caso Gürtel, junto al actual responsable de Justicia del PP, Enrique López, por sus vínculos con los populares, sobre todo con la entonces secretaria general del partido, Dolores de Cospedal. Arnaldo aparece en las grabaciones del caso Lezo dando cuenta de sus movimientos en la Fiscalía para favorecer a su amigo y expresidente madrileño Ignacio González. También es un prolífico colaborador de FAES, la fundación que preside José María Aznar. Pero Sánchez no quiso avivar el fuego.

«Proteger el acuerdo»

El presidente del Gobierno señaló después de participar en Bruselas en el Consejo Europeo que su «obligación» es «proteger el acuerdo» y «salvaguardar la negociación». Solo dijo que cada grupo político es «responsable de los perfiles» de sus propuestas.

Casado tampoco hizo mención a los nombres aportados por el PSOE, Inmaculada Montalbán, magistrada cercana a ese partido, y Ramón Sáez, próximo a Unidas Podemos, y cuya designación no ha causado especial revuelo en las filas populares. El líder del PP señaló que con el acuerdo se han satisfecho los requisitos de su partido de «avanzar en la despolitización» y elevar el «prestigio profesional» de los candidatos porque ninguno tiene una trayectoria política que lastre su desempeño profesional. Su pasado, subrayó, «está fuera de toda duda».

En la Moncloa y en el PSOE hablan de «sacrificios necesarios» para poder abordar ahora la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, si no lo era ya después de tres años en funciones, se convierte ahora en la gran asignatura pendiente de los acuerdos entre el PSOE y el Partido Popular.

En el PP, la satisfacción era total por la aceptación de sus dos candidatos. «Lo importante es que avancemos en esa independencia» de las instituciones constitucionales, insistió Casado.

Rampa de lanzamiento

El líder del PP consideró que el acuerdo alcanzado este jueves para la renovación parcial del Constitucional, y total del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos es una buena rampa de lanzamiento para abordar la del Poder Judicial. Una apreciación con la que coincidió el presidente del Gobierno. «Se ha demostrado —resumió Sánchez— que cuando los dos queremos bailar podemos bailar».

El problema es que el Gobierno y el PP siguen enrocados en sus condiciones previas y la conciliación de posturas parece un ejercicio de alquimia.

Sánchez invitó a Casado a abandonar «la sinrazón» del bloqueo del Poder Judicial. No se puede, prosiguió, aceptar las reglas del juego para renovar cuatro instituciones y negarse a lo mismo en la quinta.

Para el Gobierno de coalición no es discutible que los doce vocales propuestos por la carrera judicial sean negociados por los grupos parlamentarios.

Para el Partido Popular, sin embargo, no puede ser así. Tienen que ser designados por sus compañeros de profesión. La ley de 1985 está del lado del Gobierno, pero las recomendaciones de la Comisión Europea y otros organismos internacionales así como las peticiones de las asociaciones profesionales avalan la postura del PP.

El aborto y el «procés», entre las asignaturas pendientes del TC

La llegada de cuatro nuevos magistrados al Tribunal Constitucional (TC) supone el inicio de una etapa marcada por las asignaturas pendientes que tendrá que resolver el tribunal, con asuntos tan polémicos como el aborto, la eutanasia, la infancia y la ley Celaá, que más allá de su repercusión política afectan de lleno a la ciudadanía.

La acción del Gobierno de Pedro Sánchez también será escrutada en otros asuntos como la convalidación del decreto de fondos europeos, el real decreto ley de protección de los consumidores vulnerables, que, en opinión del PP legaliza la okupación de viviendas, y la reforma del Consejo General del Poder Judicial para que en funciones no pueda efectuar nombramientos.

En cuanto a cuestiones penales —un ámbito en el que el TC se ha reforzado con la llegada de Espejel—, el tribunal tiene sobre la mesa el recurso de Arnaldo Otegi y los demás condenados por el caso Bateragune contra la sentencia del Supremo que ordenó repetir el juicio después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anulara sus condenas.

Y, además, prevé resolver los últimos recursos pendientes de los condenados por el procés, es decir, los del exvicepresidente del Gobierno catalán y presidente de ERC Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell, quienes esperan el fallo para apelar en Europa.

El Supremo alerta de que dictará al año mil sentencias menos si no se cubren las vacantes

La sala de gobierno del Tribunal Supremo, presidida por Carlos Lesmes, ha aprobado el informe que solicitó al gabinete técnico sobre la situación a la que se enfrentarán las diversas salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cerca de tres años en funciones.

El informe concluye que la situación, de prolongarse, será «insostenible» y «va a implicar que se dictarán aproximadamente mil sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán las decisiones de inadmisión, que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año».

El gabinete técnico analiza la compleja situación que afronta el tribunal con once plazas sin cubrir —el 14 % del total de su plantilla de 79 magistrados— que se ampliarán a 16 el próximo año, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá que el 20 % de sus puestos quedarán vacantes, uno de cada cinco jueces, tal y como adelantó este periódico en abril pasado.

La imposibilidad de cubrir las plazas vacantes se articuló en una ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, que impide al CGPJ hacer nombramientos de altos cargos de la judicatura mientras está en funciones y que entró en vigor la pasada primavera.

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