Entre los vigilados estuvo el dramaturgo Yunior García, impulsor de la marcha opositora del próximo 15 de noviembre
03 nov 2021 . Actualizado a las 08:58 h.Cuba envió a España en el 2019 a uno de sus agentes encubiertos para recabar información sobre el dramaturgo Yunior García, impulsor de la marcha del próximo 15 de noviembre, y otros opositores participantes en un evento auspiciado aquel año por la filial en Madrid de la Universidad estadounidense de San Luis.
El Gobierno cubano divulgó la información en un vídeo donde revela que el doctor Carlos Leonardo Vázquez González era el espía Fernando del Departamento de la Seguridad del Estado, el órgano de inteligencia y contrainteligencia del país, según informa Efe. Fernando reveló su identidad para denunciar la participación de Yunior García Aguilera en el citado evento y así «desmontar» los supuestos propósitos subversivos de la marcha pacífica convocada por el líder del grupo online disidente Archipiélago y otros jóvenes para el 15 de noviembre.
El espía cubano acudió al encuentro del 2019 en Madrid, que, según las autoridades, abordó el papel de las Fuerzas Armadas en un proceso de transición en la isla, con la asistencia entre otros del expresidente Felipe González. El agente cubano argumenta en el vídeo que «Yunior está buscando la confrontación con las Fuerzas Armadas y el Minint (Ministerio del Interior)» y asegura que «no es tan transparente y sus acciones no son aisladas, ni espontáneas». No es la primera vez que el Gobierno muestra públicamente conversaciones telefónicas privadas de García Aguilera o lo vincula a «elementos de la mafia anticubana de Miami» y legisladores de EE.UU. para desacreditar la marcha para exigir derechos políticos.
Los miembros de la plataforma virtual Archipiélago mantienen la convocatoria a manifestarse en La Habana y otras ciudades del país el 15 de noviembre, pese a la prohibición del Gobierno que la considera «ilícita» y responde a un «cambio de régimen». Sobre ellos pesan también amenazas de la Fiscalía que ha advertido de «consecuencias legales» si mantienen su plan. Pueden incurrir en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir y otros, penados con sanciones económicas y privación de la libertad de tres meses a un año.