El Gobierno central blinda el derecho a la reproducción asistida para mujeres solas

Gabriela Consuegra
Gabriela Consuegra REDACCIÓN / LA VOZ

ACTUALIDAD

iStock

Aunque no estaban obligadas, las comunidades autónomas mantenían esta opción

06 nov 2021 . Actualizado a las 10:40 h.

En el año 2014, una frase bastó para lapidar el derecho a la reproducción asistida de cualquier mujer que, por el motivo que fuera, quería procrear en solitario. «La falta de varón no es un problema médico», dictaminó Ana Mato, la entonces ministra de Sanidad designada por el ejecutivo Popular. Y así, sin más, carpetazo a la norma promulgada en el 2006 por José Luis Rodríguez Zapatero durante su mandato. Aunque no estaban obligadas, todas las comunidades decidieron mantener este derecho, si bien Murcia y Asturias fueron las últimas en adherirse, en el 2018. Sin embargo, y pese a que hicieron falta siete años para revertir la medida a nivel nacional, desde este viernes una firma de la ministra Carolina Darias blinda la posibilidad de un embarazo a través de fecundación artificial o inseminación in vitro. Para todas, independientemente de su orientación sexual y de su estado civil.

Durante el acto de firma de la Orden Ministerial, Darias enfatizó que estos «son derechos que nunca tenían que haberse suprimido» y calificó la medida como una «restitución». «Se trata de blindar y ampliar derechos, de nuestros valores y una apuesta clara por la solidaridad», aseguró.

La medida llegó con dos años de retraso desde que fue anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez poco después de llegar a la Moncloa, en junio del año 2018. Aunque se postuló para el primer trimestre del 2019, tuvo que atravesar una pandemia, variaciones en la agenda del Gobierno y cuatro cambios de cabeza en el Ministerio.

Hasta ayer, el requisito indispensable para acceder a este servicio a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) era que la mujer tuviera previamente «12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos». Debía constatarse un problema de infertilidad.

No obstante, y pese a no contar con seguridad jurídica, varias comunidades autónomas habían decidido continuar prestando el servicio público a todas las ciudadanas. Es el caso de Galicia, que en su Guía de Reprodución Humana Asistida, contempla que «novos núcleos familiares legalmente recoñecidos, o monoparental e a parella homoparental, poderán solicitar este tipo de programa».

Pero para garantizar que, a nivel nacional, todas las mujeres españolas pudieran ser madres al margen de sus relaciones sentimentales, hizo falta implantar esta orden, que actualiza la cartera de servicios comunes del SNS y que, por tanto, tienen la obligación de cumplir todos los hospitales públicos españoles, estén donde estén. Ahora, un servicio médico que puede llegar a costar entre 3.000 y 5.000 euros en muchos centros de salud privados, será accesible de forma gratuita para las mujeres de entre 18 y 40 años que no tengan hijos y deseen acceder a un programa de reproducción asistida.

Pero además, la próxima ley trans, que impulsa y elabora el Ministerio de Igualdad, lo extenderá a todas las personas transexuales con capacidad de gestar. «Las lesbianas, las bisexuales, las mujeres que crían solas, las trans, a las que durante décadas les han dicho que su formas de vivir no eran válidas, deben saber que este Gobierno va a cambiar el odio y la discriminación por derechos y reconocimiento», declaró al respecto la ministra Irene Montero.