Bruselas condiciona los fondos a elevar el período de cálculo de la pensión
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El documento firmado por el Gobierno y la Comisión Europea marca finales del 2022 para su entrada en vigor, aunque sin precisar la ampliación
11 nov 2022 . Actualizado a las 19:27 h.El Operational Agreement (OA), el documento firmado por el Gobierno y la Comisión Europea en el que se detalla cómo se gestionará el desembolso de los fondos europeos, (70.000 millones en ayudas) a cambio de qué reformas y con qué calendario, incluye una carga de profundidad que llega en un momento delicado para el Ejecutivo en lo que a la reforma del sistema de pensiones respecta. La primera parte de la misma, pactada con los agentes sociales en verano, está ahora en tramitación parlamentaria, mientras que el grueso de las medidas que restan, como es el caso del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para afrontar la jubilación de los baby boomers, aún están negociándose. Y es que entre las 346 páginas que componen el acuerdo se cuela una exigencia de Bruselas que ya levantó ampollas meses atrás: la de ampliar los años de cómputo para calcular la pensión.
Actualmente ese período está fijado en 25 años. Más concretamente lo estará en el 2022, cuando se despliegue por completo la reforma del 2011, que lo elevó desde los 15 años anteriores. Pero Europa quiere hechos y velocidad. Aunque no hace referencia a un número de años en concreto, sí deja claro que para considerar cumplida la reforma 2 del componente 30 del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) suscrito con España, debe entrar «en vigor la legislación para el ajuste del período de cómputo de la pensión de jubilación».
Y da un plazo: el anteproyecto de ley deberá estar aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de junio del próximo año y la nueva regulación en vigor antes de que expire el 2022.
Cabe recordar que hace casi un año, en diciembre del 2020, la ampliación del período de cómputo había provocado ya un enfrentamiento en el seno del Gobierno de coalición entre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el entonces vicepresidente Pablo Iglesias. El primero planteaba aumentar los años de cálculo —se llegó a hablar de extenderlos hasta los 35—, aunque la propuesta nunca llegó a estar oficialmente en la mesa del diálogo social que negociaba la primera parte de la reforma del sistema de pensiones.
Tanto es así, que Unidas Podemos vendió como una victoria de la formación el hecho de que ni llegaran a incluirse años concretos de prolongación en el documento de reformas que el Ejecutivo remitió a Bruselas, ni tampoco a debatirse formalmente con patronal y sindicatos. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social, sin embargo, recuerdan que en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se incluía explícitamente una reforma en ese sentido, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas (para evitar el impacto negativo en la cuantía de la jubilación), además de revisar el procedimiento para cubrir las lagunas que existan en la carrera profesional (algo cada vez más frecuente por las últimas crisis). Niegan, por tanto, que haya exigencias nuevas a las comprometidas en su día con Bruselas.
El aumento del período de cómputo tiene un efecto práctico para la mayoría de los trabajadores: una bajada de la cuantía de la jubilación, como consecuencia de que, normalmente, las bases reguladoras mejoran a medida que lo hace la vida profesional.
En el PRTR el Ejecutivo defendía la extensión del período de cómputo argumentando que la medida aumenta el carácter contributivo del sistema (sin olvidar la necesidad de corregir sus referidos efectos negativos), defendiendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador.
Si hace unos meses los años para elevar dicho cálculo quedaron en el cajón, ahora la situación ha virado, ya que la Comisión Europea -que no permitirá dar marcha atrás en las medidas comprometidas- apremia con el calendario. El mismo documento, hecho público hoy, incluye otros cambios en materia de pensiones, como aumentar las bases máximas de cotización y las pensiones máximas, de forma progresiva.
España no podrá dar marcha atrás en las reformas aprobadas
El Gobierno deberá rendir cuentas de sus progresos ante la Comisión Europea cada tres meses
Una cosa es lo que se compromete y otra lo que se cumple. Lo sabe bien la Comisión Europea que, ante los precedentes de incumplimientos de España —y de otros países, en el marco del Pacto de Estabilidad—, ha querido dejar bien atada la supervisión del progreso que hará el país en el calendario de hitos acordado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. No habrá desembolsos sin hechos.
Para comprobar que todo marcha bien y, según el calendario previsto, los centinelas de Bruselas pasarán revista a los progresos cada tres meses, no cada seis. Eso revela el contrato de condiciones que firmó el Gobierno español para acceder a los 140.000 millones de euros que le corresponden del plan de recuperación europeo.
El documento, que se hizo público este miércoles (en inglés) tras las reiteradas peticiones de los partidos de la oposición, también revela que España no podrá dar marcha atrás en las reformas aprobadas una vez que se hayan transferido las ayudas: «El cumplimiento satisfactorio de hitos y objetivos presupone que las medidas vinculadas previamente a su cumplimiento no han sido revertidas por el Estado miembro», reza el texto rubricado por el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En otras palabras: una vez que se extienda el período de cálculo de las pensiones o se endurezca la fiscalidad medioambiental, no se podrá recular, aunque una parte del Gobierno tenga tentaciones de enmendar los compromisos. De lo contrario, España no podrá seguir desembolsando las ayudas de las que depende la transformación y recuperación de la economía en esta década. El esquema recuerda a los memorandos de entendimiento que firmaron algunos países, también España, para ser rescatados tras la última crisis financiera. Eso sí, en las negociaciones con Bruselas, el tono ha cambiado. No se exigen recortes del gasto público, aunque sí una mejor gestión de los Presupuestos.
Otro de los compromisos que deberá cumplir el Gobierno antes de que finalice el año 2021 es el despliegue de un sistema de información que dé acceso al plan de forma transparente, donde se puedan volcar los documentos de supervisión periódica, un resumen del informe de auditoría y, lo más importante: que permita obtener datos sobre los beneficiarios de las ayudas, las contratistas y subcontratistas.
Calendario
Firmado el pliego de condiciones, España ya podrá solicitar el primer desembolso de 10.000 millones de euros, que deberían haber llegado hace más de dos meses —los retrasos han hecho que España se quede este año sin 11.000 millones de euros consignados en los Presupuestos del 2021—. La Comisión tendrá dos meses para evaluar si se han cumplido los 52 hitos. A medida que se ejecuten esas ayudas, el Gobierno deberá ir acomodando otras fases del plan. Sin la reforma laboral no se podrán desembolsar otros 13.793 millones que esperan ser desbloqueados antes de abril del 2022. A partir de entonces, el margen se amplía -a menos que el Ejecutivo español arrastre deberes-. En el tercer trimestre del 2022 se podrán solicitar otros 6.896 millones de euros -coincide con un período de muchos hitos por ejecutar-. Para entonces, deberá quedar sellada la reforma fiscal y la de las pensiones. Sin cerrar esos capítulos, será difícil acceder a los 8.045 millones que esperan en el primer trimestre del 2023, otros 9.195 millones en el 2024; 3.995 millones en el 2025 y, finalmente, los 4.598 millones que pondrán fin a la singladura.