Los futuros ERTE deberán ser autorizados por el Gobierno, y se financiarán con un fondo propio

La Voz REDACCIÓN

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Ricardo Rubio

Los trabajadores no consumirán paro, pero el tiempo que estén con el empleo regulado no contará como cotizado

10 nov 2021 . Actualizado a las 09:02 h.

Los ERTE se transformarán en RED. El Gobierno ha remitido a los agentes sociales un nuevo borrador del mecanismo de regulación temporal de empleo que se habilitará en la reforma laboral para dar alternativas al despido a aquellas empresas o sectores que atraviesen dificultades económicas u organizativas o en situaciones de crisis. El texto se analizará este miércoles en la reunión con los agentes sociales y en él se percibe ya la irrupción de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el proceso de negociación.

Y es que una de las novedades del nuevo mecanismo, aparte del nombre (pasa a ser denominado Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, en vez de Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo, como lo habían bautizado en el Ministerio de Trabajo), es que tendrá que ser el Consejo de Ministros el que dé el visto bueno a las solicitudes de ERTE estructurales (aquellos que afectan a empresas o sectores concretos). Estas, además, deberán ser informadas por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside Calviño. Además, se define un segundo mecanismo de ajuste de plantilla por causas cíclicas, que cubriría a todas las empresas en caso de una crisis generalizada como la de la pandemia. En este caso, será también el Ministerio de Economía el que definirá los parámetros objetivos que permitirán activar ese instrumento.

En el caso de los nuevos ERTE cíclicos, la duración máxima será de un año, mientras que en los estructurales se podrían alargar hasta dos años, ya que se permiten dos prórrogas de seis meses cada una. Durante este tiempo, los trabajadores afectados no cobrarán el paro, sino una nueva Prestación de Sostenibilidad del Empleo, para la que se creará un fondo propio y que será muy similar en cuantía: un 70 % de la base reguladora, con un tope de 1.271 euros al mes (el 225 % del IPREM). Los trabajadores afectados no consumirán paro, pero el tiempo que pasen con el empleo regulado tampoco computará como cotizado.