Sánchez debe tener listo el peaje en carreteras y decidir sobre la tasa al diésel antes de junio
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La reforma fiscal tendrá que estar en pleno funcionamiento antes del 21 de marzo del 2023
12 nov 2021 . Actualizado a las 08:45 h.En plena protesta de camioneros, hundidos por los elevados precios de los carburantes —y con una huelga convocada a las puertas de la Navidad—, los documentos firmados por el Gobierno español y la Comisión Europea, donde se detallan los compromisos y el calendario de reformas que tendrá que desplegar España para desembolsar las ayudas (hasta 140.000 millones de euros), revela que antes de que termine el mes de marzo, el Ejecutivo deberá tener listo el plan para implantar el sistema de peaje por carretera. ¿Cuándo debería entrar en vigor? Antes del 30 de junio del año que viene (2022), según consta en los anexos del examen que hizo Bruselas a los planes españoles, y que datan del 16 de junio de este año.
La intención del Gobierno es la de adoptar temporalmente el sistema de viñetas —vigente en países como Austria y que tanto la Comisión como la Eurocámara quieren desterrar—. Cada usuario que quiera circular por las autovías deberá adquirir una pegatina, que podrá ser para circular por semanas, meses o incluso un año, sin restricciones. Tanto los usuarios particulares como camioneros o turistas que visiten España deberán ponerla en sus vehículos.
Este modelo se sustituirá más adelante —Bruselas da un plazo de ocho años— por otro sistema de peaje en el que el usuario pagará por kilómetro recorrido —un céntimo—. Esta es la opción predilecta de la Comisión, empeñada en que pague más quien más las usa y quien más contamina. La medida no solo permite recaudar fondos extra al Estado para mantener las carreteras, también libera peso a los Presupuestos del Gobierno, que se encargaban, de forma deficitaria, de esta labor.
Los profesionales del transporte se han puesto en pie de guerra contra lo que consideran un «golpe mortal» al sector, que ha visto crecer los precios de los carburantes entre un 25 y 27 % desde que arrancó el año. Y no acaban ahí los problemas.
Esta medida vendrá acompañada de otras dos: la ya anunciada subida del impuesto de matriculación para el 2022 —se acaba la moratoria del 2021— y la «revisión de la ley para promover un transporte por carretera más sostenible». ¿Qué quieren decir con este lenguaje tan abstracto? Que el Gobierno deberá decidir antes de esa fecha —30 de junio del 2022— qué pasa con el tantas veces aplazado impuesto al diésel. Ahora, eso sí, en plena crisis energética. La retirada de la bonificación se produciría a las puertas del verano, en plena operación salida.
Reforma fiscal
Para el primer trimestre del 2022 también deberá quedar sobre el papel la reforma fiscal, bien detallada, que acometerá el Gobierno por fases. El Comité de expertos fiscales se encargará de hacer las recomendaciones y el Ejecutivo dirimir si las incorpora. Está previsto un aumento de la presión fiscal —al menos a las rentas más altas— y acercar la fiscalidad del trabajo y el capital. Bruselas insiste de forma reiterada en que los trabajadores en España soportan proporcionalmente más carga impositiva que las empresas.
También se pondrá fin antes del 21 de marzo del 2023 a un buen número de bonificaciones fiscales, para aumentar la recaudación. De las 15 a las que pasarán revista en el Comité de expertos, el Gobierno deberá decidir cuáles suprime o cuáles reforma. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) puso en cuestión el año pasado hasta un 20 % de los incentivos fiscales y exenciones (6.000 millones de euros) vigentes.