El Supremo hace firme la sentencia que obliga a impartir en castellano el 25 % de las clases en Cataluña

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ACTUALIDAD

El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambay y la consejera de Cultura de la Generalitat catalana, Natàlia Garriga
El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambay y la consejera de Cultura de la Generalitat catalana, Natàlia Garriga David Zorrakino | EUROPA PRESS

El tribunal no admite el recurso de casación presentado por la Generalitat que considera la decisión «un ataque frontal al sistema educativo catalán»

23 nov 2021 . Actualizado a las 20:54 h.

«Estamos ante un nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán». La Generalitat reaccionó este martes de forma enérgica ante una decisión del Tribunal Supremo, que tumba el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, un asunto sagrado para las fuerzas catalanistas. El Supremo, según dio a conocer la Generalitat, ha inadmitido un recurso presentado por la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que estableció que al menos un 25 % de las clases en la escuela catalana (la pública y la concertada) tienen que impartirse en castellano.

El sistema educativo en Cataluña, en esencia, se basa en que la lengua vehicular, el idioma en el que se dan las asignaturas, es el catalán. La lengua española solo figura como una materia más, de la que se imparten dos o tres horas semanales. La decisión del Supremo, que rechaza el recurso del Ejecutivo catalán, implica que la sentencia del TSJC pasa a ser firme y por tanto es de obligado cumplimiento. Lo que ya es más complicado es cómo se aplica en la práctica, toda vez que cada colegio es un mundo y no tiene nada que ver la realidad de un centro en Santa Coloma de Gramanet, que en Berga.

Tras conocer el auto, la Generalitat llamó a los centros escolares a «seguir trabajando como hasta ahora y no cambiar sus proyectos lingüísticos», afirmó el consejero de Educación, Josep González-Cambra. El dirigente nacionalista aseguró que desde el 2005 solo 80 familias han pedido escolarización en castellano.