El PP es el único de los cinco grandes partidos que no plantea modificarla
07 dic 2021 . Actualizado a las 08:42 h.La Constitución española cumplió este lunes 43 años. Y lo hizo una vez más en pleno debate sobre sus posibles reformas. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó por esta cuestión, en el 2018, un 70 % de los españoles consideraban que había que modificarla. Todos los grandes partidos, excepto el PP, defienden la introducción de cambios en la Carta Magna, aunque con propuestas de muy de distinto signo.
Blindaje de prestaciones. El PSOE propone en su programa electoral el «blindaje» de las pensiones para que se revaloricen con arreglo al IPC real, como ha hecho ya el Gobierno en los Presupuestos. También plantea blindar el acceso al sistema público de Servicios Sociales como un derecho fundamental. En su reciente congreso federal, los socialistas crearon una secretaría específica para la reforma constitucional, en manos del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Entre sus propuestas figuran la supresión de los aforamientos actuales para todo lo que no esté vinculado al «ejercicio de la función propia del cargo». Pero Sánchez incluyó también recientemente la retirada del aforamiento para el jefe del Estado en los mismos términos. En el marco territorial, los socialistas propugnan modificar la Constitución para reconocer el municipio como la «unidad territorial básica» y hacer constar explícitamente sus competencias. De modo más general, quieren declarar el acceso al agua y la energía como servicios de interés general.
PP
Rechaza cualquier reforma. El PP no plantea ninguna modificación de la Constitución en su programa y garantizará que vetará cualquier intento de reforma. Los populares no quieren abrir ese debate ni siquiera para cuestiones con las que podrían estar de acuerdo, como la reforma del Senado, porque creen que lo que el Gobierno pretende planteando reformas menores es abrir la puerta a una modificación mucho más amplia para «dar encaje a sus socios independentistas». Por ello, el PP vetó incluso el proyecto aprobado por el Gobierno para retirar de la Carta Magna el término «disminuidos» para cambiarlo por el de «personas con discapacidad».
La Corona y la iniciativa popular. Unidas Podemos es el partido que más reformas de la Constitución plantea en su programa. Apuesta también por el fin de los aforamientos, incluido el del jefe del Estado. Propugna crear una circunscripción electoral exterior con representación proporcional, sin que el voto en el extranjero esté ligado a la provincia, como ahora. Otra propuesta es incluir en la Constitución las iniciativas ciudadanas, planteando que cuando un 15 % del censo electoral considere que el Gobierno «le ha dado la espalda» se abra «un proceso revocatorio que terminará con un referendo» para decidir la destitución del presidente del Gobierno. Plantea que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se escojan por elección directa de la ciudadanía. Al igual que el PSOE, propone blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC. Además, aboga por garantizar el derecho a la vivienda «como un derecho fundamental». Podemos quiere derogar la modificación del artículo 135 de la Constitución que el PSOE y el PP llevaron a cabo en el 2011 para priorizar en los Presupuestos el pago de la deuda y prohibir constitucionalmente las amnistías fiscales.
Acabar con el Estado autonómico. Vox no coincide en nada con las propuestas de reforma de la Constitución que defienden los partidos de izquierda. Pero plantea también cambios. Entre ellos está el de «transformar el Estado autonómico en un Estado de derecho unitario», de manera que haya «un solo Gobierno y un solo Parlamento para toda España». Vox se opone también a las singularidades fiscales que recoge la Constitución del 78 y aboga por suprimir el Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro. La propuesta más singular del partido de Santiago Abascal es la supresión del Tribunal Constitucional para que todas sus funciones sean asumidas por la Sala Sexta del Tribunal Supremo. También en el ámbito judicial, se opone al jurado popular y promueve su eliminación.
País Vasco y Navarra. No son escasas tampoco las propuestas de reforma de la Constitución que defiende Ciudadanos. Entre ellas está acabar con los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno. Los naranjas también quieren reformar el Senado para convertirlo en «una verdadera Cámara de representación territorial», sin descartar simplemente su supresión. Plantean la derogación de la disposición transitoria cuarta, que prevé la posibilidad de anexión de Navarra por el País Vasco y propugnan un cierre definitivo de las competencias, de manera que las comunidades no puedan ampliarlas más a costa de las del Gobierno central. Abogan además por el blindaje constitucional del «matrimonio entre personas LGTBI», ya que la Constitución establece que «el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica».
Las altas mayorías exigidas solo han permitido hacer dos cambios desde 1978
Las propuestas de reforma de la Constitución se han sucedido prácticamente desde su aprobación en 1978, pero el complejo procedimiento y las mayorías cualificadas que la propia Carta Magna introdujo para cualquier modificación han hecho que casi todas ellas hayan sido rechazadas. En los 43 años de vigencia de la Constitución, solo han llegado a debatirse en el Congreso nueve propuestas de reforma. De ellas, solo tres llegaron a votarse. Y solo dos consiguieron modificar el texto constitucional. En 1992, con motivo de la entrada de España en la Unión Europea, se reformó el artículo 13.2 para permitir a los ciudadanos comunitarios, y a todos los de países con los exista un tratado de reciprocidad, presentarse a las elecciones municipales. La modificación se aprobó con el voto unánime de todas las formaciones políticas del Congreso. La única otra reforma, más polémica, se produjo en el año 2011, para cambiar el artículo 135 e introducir el concepto de «estabilidad presupuestaria», de manera que el pago de la deuda pública sea lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los Presupuestos Generales. La reforma se consumó en solo un mes con el único apoyo del PSOE, que entonces gobernaba, y del PP.
Procedimientos de reforma
La Constitución tiene dos procedimientos de modificación, en función de si se trata de una reforma parcial o de partes no esenciales o si es una reforma total o de partes esenciales que afecten a la Corona, los derechos y libertades o los pilares del Estado. En el primer caso, se necesita una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado (210 diputados y 159 senadores). Si la reforma sale adelante en las Cortes, deberá ser sometida a referendo para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. En el segundo caso, se requiere una mayoría más amplia, de dos tercios de las Cámaras (234 diputados y 177 senadores). Superada esa votación, las Cortes deberían ser disueltas y convocarse nuevas elecciones. Las nuevas Cortes deberían ratificar la reforma y luego convocar un referendo para su aprobación.