La oposición reclama a Boris Johnson que renuncie tras la revuelta «tory»

Juan Francisco Alonso LONDRES / E. LA VOZ

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Un airado Boris Johnson, este miércoles, durante su intervención en el Parlamento británico
Un airado Boris Johnson, este miércoles, durante su intervención en el Parlamento británico DPA vía Europa Press

El primer ministro fue tachado de «mentiroso» y «débil» en la sesión de control al Gobierno

16 dic 2021 . Actualizado a las 09:26 h.

El liderazgo de Boris Johnson está herido y sus rivales no solo lo saben, sino que no quieren permitirle que se recupere. Menos de 24 horas después de que 96 de sus diputados se rebelaran contra su plan para enfrentarse a la nueva variante del covid-19, ómicron, el primer ministro británico ha visto cómo la oposición se unía en coro en el Parlamento para pedirle, directa o indirectamente, que renunciara, no sin antes acusarlo de «mentiroso» y de ser un «débil» e «incapaz» de conseguir que su propio partido respalde sus medidas para sortear una grave crisis sanitaria.

«El público británico está buscando un primer ministro con la confianza y la autoridad para guiar al país a través de la crisis. En cambio, estamos agobiados por el peor primer ministro posible en el peor momento posible», le espetó este miércoles el líder laborista, Keir Starmer, durante la última sesión de control al Gobierno antes de Navidades.

El jefe de la oposición sacó provecho de la revuelta tory y subrayó que, de no haber sido por su formación, que «puso por encima el interés nacional», «medidas vitales» para garantizar la salud pública no habrían sido aprobadas. Starmer mostró, no obstante, cierta comprensión con los conservadores que se opusieron a hacer obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público y lugares cerrados, así como a la exigencia del certificado de vacunación o pruebas de detección en determinados eventos masivos. «Sus parlamentarios no le creen, como tampoco le cree el pueblo británico», sentenció.

No solo los laboristas

Pero no solo los laboristas se lanzaron contra Johnson. El diputado norirlandés Colum Eastwood le pidió directamente que dimitiera. «El comportamiento del primer ministro durante los últimos meses ha destruido la confianza de los ciudadanos en su Gobierno y eso ha ocurrido en el peor momento posible. Ha excusado a infractores de las restricciones, ha ignorando las infracciones cometidas por miembros de su propio equipo y ahora ni siquiera puede conseguir que sus diputados voten sus medidas. Lo mejor que podría hacer en este momento es renunciar», soltó.

La petición recibió el respaldo del portavoz de los nacionalistas escoceses, Ian Blackford, quien la justificó señalando que «un primer ministro que no puede proteger a la ciudadanía no es un primer ministro».

Johnson, por su parte, descartó que vaya a renunciar. «Voy a continuar protegiendo a la ciudadanía y asegurarme de que superemos esta pandemia juntos», dijo. Asimismo, calificó de «trivialidades partidistas» los reproches que la oposición viene haciéndole en relación a la fiesta que miembros de su personal tuvieron la pasada Navidad en plena pandemia. «Nosotros cumplimos y ellos se quejan», bramó.

En un intento por evitar ahondar en las divisiones que sufre su partido, el premier ignoró la petición de Starmer para que condenara a los rebeldes que se opusieron a su plan y simplemente dijo que «tomaba nota de sus dudas y preocupaciones». Tras la revuelta del martes, las posibilidades de que el próximo año los conservadores díscolos impulsen una moción de confianza para reemplazar a Johnson parecen más cercanas.

Barack Obama se convierte en asesor del líder laborista Keir Starmer

Los laboristas británicos quieren volver al 10 de Downing Street y, para lograr ese objetivo, están buscando ayuda más allá de las fronteras del Reino Unido. La mejor prueba de ello es que el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama ha comenzado a asesorar al líder de la formación opositora, Keir Starmer, según recoge la prensa londinense. Obama se reunió en Washington con David Lammy, responsable de Exteriores del Partido Laborista, un encuentro al que Starmer se sumó posteriormente, por videollamada. «Tenemos que aprender a transmitir nuestro mensaje […] y Keir [Starmer] está decidido a que aprendamos de los ganadores», explicó Lammy, quien reconoció que quieren seguir la senda de Joe Biden en EE.UU. y de Olaf Scholz en Alemania.

La agencia que vela por los derechos de los comunitarios en el país demanda al Gobierno británico

Millones de comunitarios residentes en el Reino Unido podrían perder su derecho a trabajar y a alquilar una vivienda, e incluso estarían en riesgo de ser deportados en el futuro inmediato, debido a una interpretación que desde el Home Office (el Ministerio del Interior británico) vienen haciendo de los acuerdos del brexit. Así lo denunció la Agencia Independiente de Monitorización (IMA, por sus siglas en inglés), organismo encargado de velar por los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que optaron por permanecer en Gran Bretaña tras el divorcio, y que ha presentado una demanda contra el Gobierno británico.

Según la IMA, los 2,5 millones de personas que obtuvieron el certificado de preasentado, el cual se daba a los ciudadanos de países de la UE que llevaban menos de cinco años viviendo en el Reino Unido antes del brexit y que les permite residir durante otros cinco años disfrutando de los mismos derechos sociales y laborales que un británico, son los que corren peligro de sufrir esta discriminación. ¿La razón? Quienes tienen el estatus de preasentado deben solicitar a las autoridades migratorias que les concedan el certificado de asentado (una especie de residencia permanente) antes de que caduque su actual condición de preasentado, porque desde la Administración británica no se le otorgarán automáticamente y de no solicitarlo, perderán el derecho a obtenerlo en el futuro. La agencia considera que esta interpretación de los acuerdos es «ilegal».

Por su parte, desde la Comisión Europea han instado a Londres a garantizar los derechos de los comunitarios que residen en el Reino Unido y han rechazado que se pueda perder el estatus por trámites o plazos burocráticos.