El plan para gravar el CO2 de calefacción y coches genera división en la UE
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España rechaza implantarlo antes del 2026 ante el temor a una escalada mayor de los precios de la energía
20 dic 2021 . Actualizado a las 16:48 h.Una de las razones que explican los desorbitados precios que está alcanzando la electricidad día a día tiene que ver con el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, un mercado al que tienen que acudir las empresas para poder generar energía. Y es ese modelo, expuesto a una enorme volatilidad y especulación, el que países como Alemania, Austria, Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Finlandia quieren replicar para el transporte rodado y la calefacción de los edificios, con el objetivo de acelerar la descarbonización de la economía. Una maniobra que podría añadir más presión a la factura de la luz y que amenaza con generar graves tensiones sociales en países como España, Francia o Grecia.
Un grupo de países que suman alrededor de un tercio de la población de la Unión Europea (UE), entre los que se encuentran España, Polonia, Hungría, República Checa y países bálticos como Estonia, rechazan aplicar antes del 2026 este sistema para hacer pagar a los productores de combustibles fósiles por el CO2 emitido por edificios y coches.
En el Consejo de Medioambiente celebrado este lunes en Bruselas, esos países se mostraron en contra o escépticos ante esa iniciativa planteada por la Comisión Europea como parte del amplio paquete de medidas para que la UE reduzca en el 2030 sus emisiones de CO2 en al menos un 55 % respecto a los valores de 1990, según recoge Efe.
«Tenemos que analizar despacio sus impactos», dijo en su intervención la vicepresidenta española y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien considera importante que la ciudadanía note las «oportunidades» de la transición, algo ya «complicado» a tenor de la coyuntura de los precios de la energía, que encarecen la factura eléctrica de hogares y empresas.
Un tercer bloque de países se muestra más ambiguo, entre los que se cuentan Luxemburgo, Bélgica o Italia, país este último que sugirió que se debata en paralelo a los objetivos de descarbonización por países y al arancel al CO2 que la Comisión también propone aplicar -se trata de un mecanismo de ajuste de carbono en frontera-. «Recomiendo un debate integrado [...] Los tres elementos están conectados», trasladó a sus homólogos el ministro italiano de Medioambiente, Roberto Cingolani.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, tomó «buena nota de que hay puntos de vista divergentes» y defendió su propuesta aunque se dijo abierto a escuchar alternativas y pidió «no desdeñar» el mecanismo de mercado de CO2: «Si consideramos dónde siguen aumentando las emisiones es en el transporte y hay que tomar cartas en el asunto. Si hablamos de los edificios, la reducción de emisiones es la mitad de lo que deberíamos de obtener para alcanzar objetivos», agregó Timmermans.
