La acusación de la Cámara por el asalto al Capitolio sería solo informativa
03 ene 2022 . Actualizado a las 08:48 h.Un año después del multitudinario asalto al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero del 2021, centenares de procesos judiciales y políticos siguen buscando a los culpables materiales e intelectuales del suceso y estrechan cada vez más el cerco sobre el expresidente Donald Trump. Los demócratas, sin embargo, no tienen claro si acabarán pidiendo al Departamento de Justicia que se presenten cargos contra él, una posibilidad que algunos consideran que podría beneficiar incluso al expresidente republicano.
Las investigaciones se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la persecución policial (encabezada por el FBI) y judicial a centenares de personas que protagonizaron actos violentos o vandálicos ese día; y por otro, el proceso político abierto en el Congreso de EE.UU. contra personas de la órbita del exmandatario.
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia ha presentado cargos contra más de 700 personas, residentes a lo largo y ancho de EE.UU., por delitos que van desde atacar físicamente a policías hasta entrar en un edificio de acceso restringido.
«Entrar al Capitolio sin permiso es una acusación muy menor, pero la violencia física puede conllevar varios años de prisión, especialmente si es contra un agente de la Policía del Capitolio», dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York Stephen Gillers. A su juicio, de todos los cargos contra los acusados, este es el que puede conllevar las sentencias más duras.
De hecho, la mayor condena emitida hasta la fecha fue precisamente por este motivo, y recayó sobre un hombre que atacó a agentes de policía con un extintor y que fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.
De los más de 700 detenidos hasta la fecha (una cifra que presumiblemente seguirá creciendo), solo unos 150 han aceptado declararse culpables, según datos del Departamento de Justicia. Uno de los que sí pactó con la Fiscalía y se declaró culpable de haber obstruido un procedimiento oficial fue la cara más visible del asalto, el hombre disfrazado de bisonte y autoproclamado «chamán de QAnon», Jacob Chansley, que en noviembre fue condenado a 41 meses de prisión.
Actuación gubernamental
Mientras el FBI y la Justicia lidian con los ciudadanos anónimos que protagonizaron los hechos, la Cámara de Representantes —controlada por el Partido Demócrata— lleva a cabo una investigación paralela sobre qué ocurrió el 6 de enero y los días precedentes en las más altas instancias del Gobierno. El Selecto Comité para Investigar el Ataque del 6 de Enero al Capitolio de EE.UU. está formado por nueve miembros, pero solo dos de ellos pertenecen al Partido Republicano y su futuro está en duda si los conservadores logran el control de la Cámara Baja en las elecciones legislativas de noviembre.
A diferencia de los tribunales en que se llevan a cabo los procesos judiciales contra los atacantes, el Congreso no tiene capacidad de sancionar a nadie, por lo que la investigación es meramente informativa. Ahora bien, si alguna de las personas llamadas a testificar se niega a hacerlo, el comité las puede declarar en desacato y luego corresponde al Departamento de Justicia presentar cargos. Ha sido el caso hasta ahora de tres excolaboradores de Trump: su exasesor y exjefe de campaña Steve Bannon, su exjefe de gabinete Mark Meadows y el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark, todos ellos declarados en desacato.
En caso de ser hallados culpables, podrían ser condenados a varios meses o incluso un año de prisión, penas relativamente bajas que, sin embargo, podrían afectar enormemente a su reputación y a sus carreras profesionales. En el fondo del debate tras los casos de Bannon, Meadows y Clark está la figura del propio expresidente: ¿solicitará el comité al Departamento de Justicia que presente cargos criminales contra Trump en función de lo que encuentre?
Qué hacer con Trump
La posibilidad existe y la prensa asegura que es algo que los demócratas tienen sobre la mesa, pero incluso entre las propias filas progresistas y los medios de su órbita existe división de opiniones sobre la cuestión.
Mientras algunas voces —como el presidente del comité, Bennie Thompson— quieren llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, otros alertan del peligro de que una solicitud de este tipo politice aún más la percepción que los estadounidenses tienen del comité e incluso ayude a Trump a presentarse como víctima de una persecución política.
Además, la solicitud del comité en sí misma no tendría ninguna consecuencia legal, su validez sería únicamente informativa para que el Gobierno decidiese si debe actuar o no, por lo que pedirlo y que luego el Departamento de Justicia no llegase a presentar cargos es un escenario realista y potencialmente perjudicial para la imagen del Congreso.