El TSJ catalán da diez días a la Generalitat para aplicar la sentencia sobre el 25 % de clases en español
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El gobierno autonómico insiste en que el catalán en la escuela «no se toca» y no está dispuesto a modificar el modelo de inmersión
21 ene 2022 . Actualizado a las 20:39 h.El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado diez días a la Generalitat para que empiece a ejecutar la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. En un auto del 20 de enero, la justicia declara firme el fallo sobre el español, dictado por el TSJC en el 2020 y ratificado con posterioridad por el Tribunal Supremo en el mes de diciembre pasado. E insta al Ejecutivo catalán a aplicar la sentencia, lo que puede provocar toda una tormenta política, toda vez que el gobierno autonómico insiste en que el catalán en la escuela «no se toca» y no está dispuesto a modificar el modelo de inmersión, que se basa en que el catalán es la única lengua vehicular en los centros públicos y concertados en la enseñanza no universitaria.
El TSJC señala que en el plazo de diez días desde la recepción del auto, se «lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo«. La Generalitat tiene además 10 días para pedir aclaraciones al juez, responder y comunicar al juez quién es el responsable de hacer cumplir el fallo, en este caso la Consejería de Educación, que el día que trascendió la resolución del Supremo instó a los centros educativos a no mover ni una coma sus proyectos lingüísticos. El gobierno autonómico ha garantizado además protección jurídica a los centros que ignoren las sentencias que cuestionan el modelo de inmersión.
Referencia a todo el sistema
Según fuentes del TSJC, la sentencia fue dictada en diciembre del 2020 a raíz de un recurso presentado el mes de abril del 2015 por parte del Ministerio de Educación. Una vez es firme, la parte demandada, en este caso el gobierno autonómico, tiene 2 meses (según el artículo 104 de la Ley Contencioso Administrativo) para ejecutar la sentencia firme. Estas fuentes aclaran que transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar a su ejecución forzosa. La sentencia obliga al gobierno autonómico a impartir el 25% de las clases en castellano en todos los colegios, lo cual pone por primera vez en cuestión su sistema educativo, que tiene a la lengua catalana como único idioma vehicular en la enseñanza. Hasta la fecha, las sentencias sobre el castellano hacían referencia a algunos centros, una treintena, como el caso de Canet de Mar. Pero esta sentencia hace referencia a todo el sistema educativo.