La ministra denuncia que los países con menos recursos no podrán aliviar del mismo modo a sus ciudadanos
22 ene 2022 . Actualizado a las 21:40 h.La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lleva meses reivindicando medidas europeas «extraordinarias, temporales y urgentes» para afrontar la crisis de precios de la energía. Unas demandas que no han encontrado eco en Bruselas, donde la Comisión Europea se ha negado a mover ficha, desdeñando los planes del Gobierno de Sánchez. La única sugerencia que deslizó ante la escalada de precios de la electricidad, que ha subido en España un 72 %, es que cada Ejecutivo adopte las medidas fiscales e incentivos que considere oportunos para rebajar el recibo final de los hogares.
Las cosas podrían cambiar. O en eso confía Ribera, quien cree que hay «movimiento» entre las posiciones de los Veintisiete y que la Comisión «es consciente de que tiene que dar algunos pasos adelante», dijo a Efe en el marco de un consejo informal de ministros de Energía de los países de la UE celebrado en la localidad francesa de Amiens. «Creo que hay una aceptación importante de que esto requiere acelerar la transición energética», sostuvo.
España, apoyada por otros países como Francia o Italia, exige una respuesta contundente para evitar que la carestía del gas se traslade a la electricidad a través del sistema marginalista de precios, con sugerencias como intervenir el mercado para limitar el precio máximo del kilovatio que paga el consumidor. Sin embargo, otro bloque de Estados liderados por Alemania y los Países Bajos, al que apoya la Comisión Europea, se han venido oponiendo frontalmente a tocar los mercados o emprender reformas de calado en un mercado que es común.
Desigualdad de condiciones
La receta expedida por Bruselas de que cada palo aguante su vela no ha sentado nada bien al Gobierno español. Ribera considera que es una solución injusta porque genera «distorsión» entre los Estados miembros. Hay países con más recursos presupuestarios para aliviar el peso de la factura de la luz a los hogares más vulnerables y a las empresas. «Si dura en el tiempo, aquellos Estados miembros con más recursos presupuestarios y con una capacidad fiscal diferente de sus ciudadanos están condiciones de destinar más recursos para paliar este shock de precios que aquellos Estados miembros con menos recursos, y esto genera distorsiones en el mercado interior», señaló.
Precisamente eso es lo que se ha puesto de relieve en los últimos meses. Países como Italia o Francia han desplegado grandes paquetes de medidas para ayudar económicamente a las familias y a las industrias. España ha sido más cautelosa, y se ha limitado a bajar los impuestos en la factura hasta finales del mes de abril. Según estimaciones de la comisaria de Energía, Kadri Simson, los Estados han destinado más de 21.000 millones de euros para ayudar a los consumidores.
Ribera cree que esa solución «tiene poco sentido» a largo plazo porque generaría «la gran contradicción de estar cubriendo, vía contribuyente, una cantidad de recursos drenados del sistema europeo que pueden estar cada vez más cerca de lo que son los planes de recuperación nacionales». «Creo que lo bueno son respuestas europeas, no de cada Estado miembro en función de sus recursos», subrayó.
Problemas con el gas
La crisis del gas ha vuelto a poner en evidencia que las costuras del mercado eléctrico europeo se abren. «Lo que teníamos en origen, que era un problema muy importante con el precio del gas, estamos consintiendo que genere un problema igualmente importante en torno al precio de la electricidad por el diseño del mercado, un mercado que, no hay que olvidarlo, fue diseñado en el año 1996», ha señalado. «En algún momento deberemos evaluar el modo en el que se puede modernizar» aunque «quizá no son medidas para mañana o para pasado», ha agregado.
La persistencia de la crisis de precios, acrecentada con la tensión geopolítica en torno a Rusia, primer proveedor de gas de la UE, y sus consecuencias en la eventual apertura del gasoducto Nord Stream 2 que va de Rusia a Alemania por el Báltico, que aún no ha recibido la aprobación de las autoridades germanas y comunitarias, agitan el tablero: «No hay todavía un consenso claro en torno a cuáles son las medidas más adecuadas. Nosotros hemos insistido en algunos puntos que yo creo que además, con colores o con matices diferentes, están cada vez más presentes en las intervenciones de los Estados miembros», señala Ribera.
