La dirección de la Policía Nacional protegió la actividad de Villarejo en el 2015 porque «no afectaba» al Cuerpo

Melchor Saiz-Pardo COLPISA | MADRID

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El excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo.
El excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo.

El informe de Fuentes Gago, usado ahora por la defensa del excomisario, rebaja su papel en Cenyt y dice que el patrimonio lo hizo en excedencia

24 ene 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

La dirección de la Policía Nacional durante el Gobierno del PP elaboró un informe para proteger la actividad privada de José Manuel Villarejo, entonces agente en activo, cuando los investigadores del caso Nicolás destaparon el entramado empresarial con el que se había enriquecido (se estima que superior a los 20 millones de euros). El documento fue firmado en abril del 2015 por el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del comisario principal Eugenio Pino, entonces director operativo del Cuerpo.

Concluía que los «servicios de inteligencia» que decía prestar el comisario cumplían «con los parámetros de compatibilidad» debido a su función policial y descartó cualquier responsabilidad administrativa y/o penal de Villarejo. En suma, para la cúpula policial de la época las actividades particulares del agente «no suponían un menoscabo» del estricto cumplimiento de sus deberes profesionales, guardaban «respeto absoluto» al horario del puesto de trabajo y «no tenían relación» con asuntos vinculados a la Policía, con las actividades que desarrolla el Cuerpo o que fueran de su competencia.

Esta última referencia trataba de encubrir la operativa parapolicial de los servicios que prestaba Cenyt, empresa matriz de Villarejo, a sus clientes. El hecho irrefutable es que el comisario usaba datos de bases policiales, con la aquiescencia de funcionarios, para construir sus trabajos. Estos documentos, sin embargo, no eran más que «márketing», según ha reconocido el acusado en el juicio que celebra la Audiencia Nacional sobre la operación que supuso su detención.

«El 90 % del contenido no tenía mayor trascendencia. La verdadera intención era quedar bien con el cliente» para reforzar la tapadera de Cenyt como empresa de asesoría jurídica y análisis de inteligencia. «Mis empresas eran de cobertura. La misión era trabajar para el Estado», relató.

Pues bien, pese a este golpe de realismo, la estrategia de defensa del acusado se centra precisamente en justificar sus actividades privadas por la «cobertura» que le dio el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia, con el que asegura colaborar.

Ética e imparcialidad

Además, Villarejo rebatió el enriquecimiento que le ha generado su entramado mercantil (solo en bienes inmuebles se han identificado 75 propiedades a su nombre o al de su familia) declarando que Interior rubricó el citado expediente que le exonera. El comisario ha declarado que el informe fue ordenado por el ministro Jorge Fernández Díaz, «probablemente a sugerencia del presidente (Mariano Rajoy)», y dijo haber colaborado en el mismo tras reunirse con los dos jefes de la Policía en el 2015: el director Ignacio Cosidó y el DAO Eugenio Pino.

El citado documento valora condiciones tan controvertidas para Villarejo como la ética y la imparcialidad, «regla matriz que determina las incompatibilidades». Subraya que el comisario no realizó más actividades que la simple gestión de Cenyt, «sin una implicación que exceda de la mera conservación de una empresa ya integrada en su patrimonio personal».

Y concluye que esta riqueza se ha generado durante el tiempo que estuvo en excedencia: desde agosto de 1983 hasta junio de 1993. Un patrimonio que solo se dedica a administrar cuando reingresa en el Cuerpo. Este informe parapeto construido por la antigua cúpula policial ya fue desmontado por los investigadores de Asuntos Internos en el caso del pequeño Nicolás.

El grupo liderado por el inspector Rubén López aseguró en mayo del 2016 que Pino y Fuentes Gago -hoy liberado sindical- conocían por ellos las irregularidades del entramado societario del policía. Sin embargo, lejos de intervenir, estos continuaron realizando «acciones para encubrir las actividades ilícitas del Villarejo y dificultar la investigación judicial».