El Gobierno prepara un plan urgente para frenar la prostitución de menores en centros tutelados

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La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez
La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez Marta Fernández Jara | europa press

El objetivo es elaborar un protocolo específico de detección temprana de casos, tomar medidas para minimizar riesgos y definir acciones concretas de actuación ante estas situaciones

04 feb 2022 . Actualizado a las 19:05 h.

Un mes. Es el plazo que se ha fijado el Gobierno para ultimar con las comunidades un plan de choque contra la explotación sexual de menores ante la gravedad de los últimos casos que han salido a la luz en centros tutelados oficiales. Técnicos de alto nivel de los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales y sus homólogos autonómicos mantuvieron este viernes una reunión extraordinaria para coordinar esfuerzos, una primera toma de contacto para proteger a estos niños y niñas frente a cualquier tipo de abuso, acoso sexual, violencia de género o trata.

El objetivo es elaborar un protocolo específico con mecanismos para detectar de forma temprana los casos de explotación sexual, definir acciones concretas para ayudar a los adolescentes y tomar medidas para minimizar riesgos y evitar que estos hechos se repitan. Y, sobre todo, hacerlo rápido, poner en marcha con urgencia todas estas actuaciones «ante la extrema gravedad» de los casos de Madrid, Comunidad Valenciana o Baleares. El plan estará basado en tres pilares, detalló la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez: formación de profesionales que trabajan con menores, guía de actuación ante estas situaciones y un plan de reinserción sociolaboral.

Todo este trabajo debería quedar liquidado en las próximas semanas, o meses, con la celebración de una conferencia sectorial conjunta de los máximos responsables de ambos ministerios y los consejeros del ramo, en la que se aprobarían las fórmulas a aplicar por las autonomías, que son quienes tienen las competencias específicas en infancia y servicios sociales y quienes gestionan los centros de protección de menores.