María José Landaburu, secretaria general de UATAE: «Las ayudas europeas tienen que llegar también a los autónomos»

La secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), María José Landaburu, acaba de visitar Galicia para pulsar las demandas del colectivo, además de reunirse con la conselleira de Emprego. Celebra la aprobación de la reforma laboral —de la que destaca el consenso social— y la subida del salario mínimo, y defiende que la reforma del sistema de cotización por ingresos reales suponga un cambio estructural que equipare a los autónomos en derechos y obligaciones a los trabajadores por cuenta ajena. «No podemos seguir siendo jubilados de segunda, ni vivir con miedo a ponernos enfermos», sentencia, al tiempo que reclama que los fondos europeos no se queden solo en las grandes empresas. «Somos el 90 % del tejido productivo».

—¿Cuál es la postura de UATAE en la reforma de las cotizaciones de los autónomos? ¿Qué defienden?

—Estamos en plenas negociaciones, hay reunión o contactos casi a diario. La reforma no es solo sobre la cotización, es sobre todo el sistema de Seguridad Social que afecta a los autónomos. Para nosotros lo fundamental es hablar de protección. Hay que equiparar obligaciones, pero también derechos. Se trata de que dejemos de ser jubilados de segunda, porque tenemos unas pensiones que son, de media, un 40,6 % inferiores a las de los asalariado, y el 50,6 % si hablamos de mujeres. Esto nos ubica en la pobreza como pensionistas. Lo mismo ocurre con la prestación por cese de actividad, las dificultades en términos de conciliación, de enfermedad, en el acceso al subsidio para mayores de 52, parados de larga duración, etcétera. Todo esto tiene que formar parte del régimen que afecte al trabajo autónomo. Porque el estado de bienestar significa tener tranquilidad cuando alguien realiza su actividad, y no la precariedad, el miedo a pensar que si te rompes una pierna, con lo que vas a recibir, no sobrevives. Por eso tenemos que cambiar la globalidad del sistema.

—A través de la cotización por ingresos reales.

—Sí. No hablamos solo de derechos. También de obligaciones, como a los asalariados. Incluso si algunos autónomos tienen que pagar un poquito más, pero que todos tengamos más derechos. Y esa es la propuesta que hemos presentado. Se basa en esos tres elementos: equiparar la protección, que la cotización sea ajustada a la realidad, es decir, ingresos menos gastos, cotizar sobre lo que uno se lleva a su bolsillo. Y el tercer elemento con el que tenemos alguna dificultad es que el Gobierno nos plantea un régimen transitorio de hasta nueve años. Y es excesivo, porque los jóvenes o quienes tienen una actividad residual no los necesitan, se adaptan mañana mismo a pagar 50 o 30 euros o lo que acordemos, en vez de 300. Y los que tienen capacidad de pagar deberían empezar ya, también por su bien, para tener derecho a prestaciones cuando las necesiten. Aunque los que nos preocupan son los que menos tienen, porque según los cálculos del ministerio, dos de cada tres están pagando más de lo que les correspondería. Es injusto y hay que resolverlo ya, no en nueve años.

—En la mesa de negociación hay quien discrepa (es el caso de ATA) y cree que va a haber mucho perjudicado...

—Sí. El problema es que el ministerio no nos da los datos. Se resolvería con transparencia. Sabemos cuántos cotizan por la mínima, pero ¿cuántos declaran ingresos del salario mínimo, del doble, etcétera? Deberían facilitarnos esos datos porque esto no debería ser opinable.

—Además, los autónomos cargan con la fama de pagar menos, de ser potenciales defraudadores...

—Claro. Es que generas un sistema que te permite pagar lo que te da la gana, y luego les acusas de pagar lo que les da la gana. Y claro que habrá gente que, con toda seguridad, está pagando menos de lo que debe, pero no está defraudando, porque el régimen legal te lo permite. Ahora que vamos a reformarlo, hay que hacerlo bien.

—¿Eso qué significa?

—Ser ambiciosos. Por ejemplo, aplicar bonificaciones, igual que en el régimen general, cuando se contrate a trabajadores con determinadas circunstancias o a un número concreto. Solo con los miles que millones que se han perdido con la tarifa plana, que se daba a cualquiera, lo necesitara o no, se podría cubrir que quienes lo precisen vayan ingresando poco a poco. Es decir, se trata de proteger al grueso del trabajo autónomo, pero más a quien más lo necesita.

—¿Y cómo va la negociación con el Ministerio de Seguridad Social?

—Si alguien negocia con seriedad, tiene que saber que las posturas deben ir acercándose. Hay que trabajar con lealtad.

—¿Pero cree que habrá acuerdo?

—No le puedo dar esperanzas y asegurárselo, porque no lo sé. Algunas organizaciones, junto con el Gobierno, queremos negociar. Otra cosa es lo que salga.

—No parece que lo vea próximo...

—El ministerio tiene el compromiso de presentarle a Europa esta reforma y ellos manejan antes del final de este curso político, es decir, para antes de junio. Pero vamos mal de tiempo. Es una negociación compleja y en la que hay que hacer muchos cálculos. Es una reforma estructural y por eso no nos vale cualquier cosa.

—Y más allá de la reforma del RETA, ¿qué otras demandas tienen ustedes para mejorar la situación del colectivo?

—La principal, las ayudas europeas. Necesitamos que los fondos europeos lleguen a los autónomos y no tenemos nada claro que eso se vaya a producir, porque se han diseñado proyectos megalómanos, que no alcanzan a nuestro colectivo. Por eso hemos abierto una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía. Porque un 40 % de las ayudas directas quedaron sin distribuirse. Y es verdad que somos un colectivo complicado, pero podían habernos preguntado. Porque si realmente se quiere hacer una transición ecológica, digital y feminista, solo se logrará si se cuenta con los autónomos y las microempresas, que son el 90 % del tejido productivo. Ahí tenemos que estar.

—Hablaba de las ayudas directas. ¿Han funcionado?

—Han llegado a mucha gente. Eso no hay que despreciarlo. Parte sí, pero no han llegado todas. Estará bien que hayan llegado 5.000 millones, sí. Pero estaría mejor que hubieran llegado 10.000. Y si se quiere, hay que hacerlo posible. Y si no, nos tendrán enfrente. Y en el caso de los Next Generation no puede ser que se lo queden todo las grandes empresas, que tienen proyectos de decenas de millones de euros. Aunque para el Gobierno resulte más fácil porque es más sencillo tener un convenio con una grande que 10.000 convenios con otros tantos pequeños. Pero ese es nuestro modelo productivo.

—¿Y cómo están en este momento los autónomos? ¿Se puede decir que la crisis está superada?

—Es complicado afirmarlo. Sí hemos recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia, pero la inestabilidad y la incertidumbre en la que nos movemos, por lo incierto de la evolución sanitaria y económica, persisten. Se ha recuperado la actividad, aunque no podemos garantizar qué pasará en los próximos meses. Hace diez años no habríamos imaginado que esto podría ocurrir. De ahí la importancia de la protección.

—¿Cree que el sistema de protección que se puso en marcha en la pandemia fue suficiente y el adecuado?

—Comparado con el del 2010, sí, claro. Al final 1,5 millones de autónomos tuvieron protección y la consecuencia es que, en términos globales, el colectivo ha mejorado. Pero igual que se van a abrir ahora los ERTE de extraordinaria necesidad, también tenemos que incluir a los autónomos. Hay que prever qué hacer si esto nos vuelve a pasar.

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