Ayuso, sobre el caso del espionaje: «Nunca pude imaginar que la dirección de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel contra mí»

María Eugenia Alonso MADRID / COLPISA

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La presidenta madrileña señala a Casado y pide que «se depuren responsabilidades»

17 feb 2022 . Actualizado a las 18:36 h.

El presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso y el desmentido tajante de Génova han convertido la batalla por el control del PP de Madrid en una guerra sin cuartel. La formación que dirige Pablo Casado reconoce que pidió explicaciones a principios de octubre a la dirigente regional para saber si favoreció a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, con un supuesto contrato público irregular a raíz de varias informaciones en los medios, un extremo que ella negó defendiendo la legalidad de la actuación de su Gobierno. «Nunca pude imaginar que la dirección general de mi partido iba a actuar de un modo injusto contra mí», ha dicho Ayuso en una declaración en la Puerta del Sol.

El contrato en cuestión fue adjudicado en abril de 2020, durante la primera ola de la pandemia, por 1,5 millones de euros para adquirir mascarillas FFP2 y FFP3 por parte del Ejecutivo autonómico y ha servido de munición en los último meses a la oposición en la Asamblea de Madrid, que ha llegado incluso a pedir una comisión de investigación. Esa adjudicación se la llevó la empresa Priviet Sportive SL, perteneciente a un amigo de la familia Díaz Ayuso.

«No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con política», ha dicho la presidenta madrileña.

Con tono grave, la dirigente regional ha lamentado el choque «cruel» con la dirección del PP y ha reclamado públicamente que Pablo Casado depure responsabilidades. «Ahora que ya se sabe públicamente (el presunto espionaje), y que ellos lo admiten, pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional», ha declarado.

Ayuso ha relatado que fue el propio líder del PP quien en septiembre le habló del contrato que implicaba a su hermano. «Para mi sorpresa —ha dicho— me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dosier se lo habían filtrado desde la Moncloa». A continuación, la dirigente habló con su hermano, quien le confirmó que había mantenido relaciones comerciales con Priviet Sportive SL pero que «todo era completamente legal».

«Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese, ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno. Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada en su vida laboral», ha recalcado.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha convocado una rueda de prensa esta tarde en la sede del partido para responder a las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que el entorno del líder del PP, Pablo Casado, ha buscado destruirla sin pruebas.

El PP abre expediente a Díaz Ayuso: «Ha hecho acusaciones gravísimas»

García Egea asegura que la dirección no elaboró ningún dosier contra la presidenta madrileña

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, confirmó la apertura de un expediente informativo contra Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones contra la cúpula del partido y específicamente contra el presidente del PP, Pablo Casado, quien afirmó que los servicios jurídicos del partido estaban estudiando el caso. 

García Egea comenzó su comparecencia afirmando que «su primera obligación es asegurar que esta organización está libre de toda sospecha» y aseguró que nunca había imputado a Díaz Ayuso la comisión de un delito. García Egea negó que el partido haya elaborado un dosier contra la presidenta que «ha vertido acusaciones gravísimas contra el líder del PP y la dirección nacional». Preguntado por el origen del problema Egea considera que Ayuso quiso presionar para adelantar un congreso regional prefijado por la dirección nacional. 

El secretario general de los populares ha explicado que el PP «nunca ha imputado la comisión de ningún delito» a nadie ni ha elaborado un dosier contra la presidenta y ha explicado que se abrió el protocolo habitual de buenas prácticas del partido cuando se conoció después del verano por los medios y por documentos que tenía la oposición un presunto contrato irregular. Egea ha informado que emplazaron a Ayuso en una reunión a que aportara información al respecto y que hasta el día de hoy no se ha recibido «nada». Ha puntualizado que se trataba de un protocolo que el partido lleva a cabo para hacer averiguaciones internas «sea cual sea el ámbito territorial y orgánico» y que «se piden explicaciones y no se prejuzga nada». «Y lo único que recibe esta dirección es una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias que se han vertido hoy mismo... ataques injustos que hacen muchísimo daño a la organización y que son intolerables», ha recalcado.

Egea ha sido claro en afirmar que los ataques vienen acompañados de la exigencia de Ayuso para adelantar el congreso regional «a marchas forzadas». «Esta y no otra es la verdadera razón y ahora aparece ante ustedes la verdad», ha incidido. En este sentido, Egea ha dicho que el calendario orgánico «está como está» y no ha mencionado que se pueda modificar.

En todo momento el número dos del PP ha reiterado que el partido nunca había imputado ni prejuzgado a nadie sino que trató de hacer averiguaciones internas para mantener la «honorabilidad» y reputación del PP «sea cual sea el ámbito territorial y orgánico». «No se puede aceptar que nadie utilice las siglas de la organización para parapetarse en problemas en los que eventualmente podría estar envuelto», ha aseverado.

De momento los populares han abierto este expediente a Ayuso que «tendrá que concluirse con la información que se disponga» y que busca «preservar la unidad del partido». Los estatutos del PP consideran infracciones muy graves, que pueden conllevar la suspensión de la afiliación entre cuatro y seis años, la inhabilitación para representar al PP por igual tiempo o incluso la expulsión la «manifiesta deslealtad al partido» entendida como «toda acción u omisión voluntaria que pueda perjudicar el interés general del Partido».También «toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones o directrices válidas y democráticamente adoptadas» en el seno de la formación o participar «en grupos organizados que perjudiquen los intereses o la imagen del partido».