La reforma fiscal pone bajo el foco la capacidad normativa autonómica

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

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Una oficina de recaudación de la Agencia Tributaria
Una oficina de recaudación de la Agencia Tributaria

La armonización planea sobre la escala dual del IRPF, sucesiones o patrimonio

28 feb 2022 . Actualizado a las 08:43 h.

Hoy vence el plazo de diez meses del que disponía el grupo de expertos a los que el Gobierno encargó la elaboración de una propuesta para abordar una reforma fiscal en profundidad en España. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró flexible con la posibilidad de extender unos días el plazo de entrega del documento, todo apunta a que su presentación es inminente, y con ella se conocerán las esperadas claves del rediseño del andamiaje tributario. El Ejecutivo lleva meses insistiendo en el objetivo del proceso es «mejorar la eficiencia del sistema fiscal», «adaptarlo» a los retos de una economía global y digitalizada y «garantizar la sostenibilidad pública».

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De hecho, conseguir elevar la recaudación fiscal, aquejada de una brecha crónica con la media europea, es el caballo de batalla del Gobierno, que está dispuesto para ello a cegar cualquier vía de agua por la que se escapen los ingresos. «No se puede tener un Estado de primera con unos ingresos de tercera», sostiene Montero, recordando que España está siete puntos por debajo de la media europea en ingresos fiscales respecto al PIB, y también por debajo en presión fiscal, a distancia de países como Alemania, Francia o, por supuesto, los nórdicos.

Por ello, aunque la ministra ha asegurado que no se trata de aplicar una subida generalizada de impuestos con la que alimentar una caja pública puesta a prueba por la pandemia, sí se pretende replantear algunos tributos para que desplieguen su potencial recaudatorio. Así, además de sobre las nuevas formas de la economía digital (caso de las tasas Google y Tobin sobre transacciones digitales y financieras, respectivamente) o de aplicar de forma supranacional un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades —el Ejecutivo ya lo incluyó en los Presupuestos de este año—, el foco de la reforma está puesto sobre la capacidad normativa de las comunidades autónomas.