La Fiscalía del Supremo archiva las investigaciones al rey Juan Carlos

La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó ayer las diligencias de investigación abiertas al rey Juan Carlos I desde hace dos años en relación a su enriquecimiento, después de concluir que la responsabilidad penal de algunas de las causas están extinguidas por la prescripción del delito, porque estaba protegido por la inviolabilidad de su cargo de monarca hasta el 2014 y otras porque ya ha saneado sus pagos a Hacienda.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado los decretos de archivo de la diligencia por el presunto cobro de casi 65 millones de euros de comisiones por la adjudicación de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), acumulada en otra sobre si recibió donaciones no declaradas, y una segunda respecto de si ocultó fondos en paraísos fiscales.

Fraude

En el primer caso, el de los 65 millones recibidos por la fundación panameña Lucum en una cuenta en Ginebra de la que el rey emérito sería el titular, se han detectado cuotas defraudadas a Hacienda entre el 2008 y el 2012, que «superan con creces el importe de 120.000 euros» que el Código Penal establece como el umbral del delito. Pero, afirma la Fiscalía, esa posible responsabilidad penal del 2008 al 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito. Y la del 2012 no sería susceptible de reproche penal, asegura, pues Juan Carlos de Borbón «estaba protegido por la inviolabilidad». En cualquiera de los casos, afirma Luzón que «la investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto» de construcción de la línea de AVE en Arabia Saudí. Apunta que «se trataría de un regalo» al rey, «susceptible de integrar el delito de cohecho», que también estaría prescrito. En cuanto al de blanqueo de capitales, también estaría cubierto por la inviolabilidad.

Respecto a las transferencias que le hizo el empresario Sanginés Krause por 516.606,32 entre el 2016 y el 2019 mantiene que «son donaciones» sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones, con el que cumplió en diciembre del 2020 en «exceso», pues abonó 16.748,14 euros de más.

Autoliquidaciones a Hacienda

Sobre los gastos sufragados por la Fundación Zagatka, constituida por Álvaro de Orleans- Borbón, al rey emérito desde junio del 2014, concluye, tras analizar la información remitida por la Fiscalía de Ginebra, que «no se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos» ni «los gastos y pagos». Aún así, establece que Juan Carlos se benefició entre el 2014 y el 2018 de pagos de aviones y alojamientos, pero «sin requerimiento previo de la Administración Tributaria» presentó en febrero del 2021 autoliquidaciones complementarias por el IRPF del 2014 al 2018 por más de 4 millones. Y lo hizo sin «conocimiento formal de la iniciación de diligencias».

Armas y trust en Jersey

El informe de Luzón también lo exonera de la acusación de compra de armas. Explica que en la cuenta de Zagatka hay un cargo de 102.000 euros por tres armas de fuego que compró Álvaro de Orleans-Borbón y se las regaló al rey emérito.

De The JRM 2004 Trust constituido en Jersey en el 2004 por el historiador Joaquín Romero Maura con unos 14 millones, recoge el texto de la Fiscalía que el SEPBLAC (unidad de inteligencia financiera) informó de que el dueño sería Juan Carlos I. Y sus fondos procederían de otros dos trust constituidos en 1995 y 1997 por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, entonces administrador privado del monarca, para apoyarlo en caso de que fuera depuesto. Ahora bien, el decreto fiscal asegura que 4 pues ni figura como beneficiario ni consta que haya recibido dinero de él. Los beneficiarios son la esposa de Romero y tres organizaciones benéficas.

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