El Gobierno garantiza una relación estable con Marruecos tras el apoyo a su plan para el Sáhara

redacción LA VOZ

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El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, este sábado
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, este sábado Isabel Infantes | ep

Feijoo avisa de los perjuicios del «volantazo» del Ejecutivo en la región

19 mar 2022 . Actualizado a las 18:26 h.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este sábado que el apoyo de España a la iniciativa de autonomía marroquí para el Sáhara garantiza entre los dos «una buena» y «estable» relación, en la que el país africano se ha comprometido a luchar contra la inmigración irregular. Así lo ha manifestado Bolaños en declaraciones a los medios durante su visita al corredor ecológico del Suroeste, sobre la nueva postura del Gobierno sobre el Sáhara, que se conoció ayer.

Una postura que, según el ministro, «pone de manifiesto que vamos a tener una buena relación con Marruecos, que vamos a tener una relación estable, en la que se compromete a colaborar contra la trata de personas, contra la inmigración ilegal», ha destacado.

El apoyo por parte del Gobierno español a la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 para el Sáhara Occidental se dio a conocer a través de un comunicado del Gabinete Real que informó sobre una carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI. La noticia fue confirmada poco después por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que la calificó como «la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa» sobre la soberanía de la excolonia española.

Reproches desde el PP

El candidato a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, advirtió este sábado de los «perjuicios» que puede suponer para España el «volantazo» del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y ha dejado claro que no admitirá «ninguna ambigüedad» con relación a la pertenencia a España de Ceuta y Melilla.

Feijoo ha dejado casi para el final de su mitin en Valladolid, donde ha acudido para recabar apoyos a su candidatura, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aceptar el plan marroquí para la autonomía del Sáhara Occidental.

La decisión supone, según el todavía líder de los populares gallegos, un cambio «drástico» en la política exterior de España. Feijoo calificó de «temeridad» ese giro y de «falta de respeto» que los españoles se hayan tenido que enterar de este «volantazo» a través del gobierno de Marruecos. 

Satisfacción en Marruecos por el «hito histórico» 

La prensa marroquí calificó de «hito histórico» esta nueva postura de España. «Es un hito, y no es exagerado calificarlo de histórico. España nunca tomó posición en favor del plan de autonomía como solución del conflicto del Sáhara. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha roto con esta postura tradicional de Madrid», se lee en un artículo publicado por el portal Le360.ma (cercano al poder) que analizó los términos usados en el comunicado del gabinete real. 

El centrista Partido Reagrupación Nacional de Independientes (RNI, partido que encabeza el actual gobierno) de Marruecos se congratula de la nueva postura española que respalda el plan marroquí de autonomía y llama a fortalecer las relaciones bilaterales con España. El partido recuerda que la actual coyuntura «requiere más que nunca avanzar en dirección de construir relaciones de cooperación más fuertes para hacer frente a los retos» que vive la región y el mundo, concretamente en lo que se refiere a los temas de migración y de seguridad.

Críticas del Frente Polisario

El delegado del Frente Polisario en Canarias, Hamdi Mansour, ha reprochado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya utilizado al pueblo saharaui como «moneda de cambio» para retomar «las dañadas relaciones políticas y diplomáticas» entre España y Marruecos.

En declaraciones a EFE el representante del Frente Polisario ha afirmado que el hecho de que España haya respaldado el plan de autonomía marroquí como opción «más realista» para resolver el problema del Sahara, su antigua colonia, pone en evidencia «la hipocresía» del Gobierno estatal cuando habla de legalidad internacional.