El Gobierno renuncia a cambiar el funcionamiento interno del mercado mayorista y opta por que los ciclos combinados bajen sus ofertas a cambio de compensaciones
23 mar 2022 . Actualizado a las 14:19 h.El Gobierno parece haber renunciado a cambiar el modo en el que se fijan los precios de la electricidad en el mercado mayorista diario, en el que se aplica un sistema marginalista, según el cual, la tecnología más cara en vender su producto es la que marca el coste final que cobrarán todas las demás. Funciona igual en todos los países de la Unión Europea. Y como producir con gas está por las nubes (porque la materia prima también lo está, ya desde antes de la guerra de Ucrania) y los ciclos combinados que usan el hidrocarburo son necesarios para cubrir la demanda nacional de energía (porque las renovables y la nuclear no son suficientes), el mercado está como está: tres veces más caro que hace un año. Todas las tecnologías se contagian del precio del gas y el Ministerio para la Transición Ecológica lleva meses peleando para que la Comisión Europea suspenda ese sistema para desvincular la luz del gas y que el mercado refleje los costes reales de producción del resto de centrales que ni tienen que comprar gas ni derechos de emisión de dióxido de carbono. Sería el método infalible para enfriar los precios mayoristas, que acaban teniendo su reflejo en los minoristas.
Pero la firme oposición de países del norte como Alemania y de la propia Comisión, en realidad, a tocar el funcionamiento del mercado, parece haber dado al traste con la propuesta estrella de España, apoyada, eso sí, por Estados con tanto peso en Bruselas como Francia, entre otros. Porque suspender el sistema marginalista no figura en la comunicación de la Comisión Europea que se debatirá en el cónclave de presidentes de Gobierno de los Estados miembro que se celebrará este jueves y viernes en Francia.
Además de no figurar, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ni citó ya esa posibilidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que, a preguntas de los periodistas, se vio medio obligada a avanzar qué medidas tiene previsto aprobar el día 29 para contener los precios energéticos. El Gobierno condiciona ese paquete a lo que decida el Consejo Europeo. Aunque Ribera, a finales de la semana pasada, se mostró desafiante al afirmar: «Si Europa no está a la altura, nos obligará a tomar decisiones a nivel nacional para proteger a nuestra industria y a nuestros ciudadanos. La sociedad española no puede esperar más». Sin embargo, este martes, ese discurso también brilló por su ausencia y la ministra admitió que «en función de las herramientas que nos dé el Consejo, ultimaremos ese paquete de medidas» porque, añadió, «es mejor una propuesta de conjunto que medidas aisladas» de los Estados.
Y, ¿qué es lo quiere hacer Ribera? Ya no limitar el precio mayorista a 180 euros el megavatio hora, como anunció hace unos días para rectificarse a sí misma poco después, sino habilitar un sistema para que las ofertas que realicen cada días las centrales de ciclo combinado en el mercado no sean a precios tan elevados. Se trata de «reducir la distorsión sin tocar el sistema». Claro que, a cambio, esas plantas serían compensadas a posteriori. ¿Con qué recursos? Está por definir. Pero si se tira del presupuesto del sistema eléctrico serían todos los consumidores los que asumiesen ese sobrecoste en forma de un aumento de los costes regulados que ya se abonan en la factura de la luz. También se podrían tirar de Presupuestos Generales del Estado, con lo que tendrían que asumir el gasto todos los contribuyentes.
Sin embargo, antes de comparecer tras el Consejo de Ministros, Ribera mantuvo una reunión con los máximos responsables de las grandes compañías energéticas del país (Endesa, Naturgy, Iberdrola, Acciona, EDP y Repsol), en la que también participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ministra no concretó de qué habían hablado, pero sí avanzó que «hablamos del modo de conseguir energía más barata». Negó que plantease ponerle más impuestos a las compañías, como defiende su socia de Gobierno Yolanda Díaz, aunque admitió que tiene que haber un «reparto razonable entre los distintos actores, no solo vía presupuesto público». Así que el Gobierno parece que pidió mayor compromiso de las eléctricas con los consumidores. Las empresas no abrieron la boca. Solo fuentes de Iberdrola explicaron que fue una «reunión constructiva» en la que se analizaron «escenarios para disminuir dependencia del gas y dar energía a precios asequibles».
Las cinco medidas de la Comisión Europea
En la comunicación remitida al Consejo Europeo, la Comisión plantea cinco posibles medidas, con sus pros y sus contras. Una de ellas es justamente el establecimiento de compensaciones en el precio que pagan las centrales generadores de combustibles fósiles, como los ciclos combinados, por las materias primas que tienen que comprar para producir electricidad. A cambio, las plantas tienen que realizar ofertas al mercado más bajas. Exactamente, la propuesta avanzada por Ribera.
Según datos elaborados por el técnico de la Axencia Provincial da Energía, Xosé Manuel Golpe, el coste de producción de una central de gas natural alcanza los 245,62 euros por megavatio hora; el de una planta de carbón -como la de Endesa en As Pontes, de las pocas que aún funcionan en España-, 105,02.
En la comunicación está también la posibilidad de fijar un techo al precio mayorista de la electricidad, como dijo Ribera que haría hace una semana, pero requiere una importante regulación por parte de los Estados y también conocer los costes de producción de las plantas. Estos inconvenientes pueden ser los que convencieron a España de desistir de la propuesta. Las compañías que produjesen por encima de ese tope serían también compensadas para que no perdiesen dinero.
Una tercera opción que plantea la Comisión era la preferida por las compañías eléctricas como alternativa a establecer un techo al precio eléctrico mayorista: fijar un tope al del gas que compran los operadores en el mercado -y que se determina a partir de unas cotizaciones internacionales-. Así se beneficiarían tanto los consumidores de electricidad como los de gas. Pero la Comisión advierte de unos Estados podrían competir unos contra otros si el precio es diferente en cada uno. Además, saldrían perjudicados los que tengan suscritos contratos a largo plazo.
Actuar sobre los beneficios extraordinarios
Como ya hiciera en una comunicación anterior, la Comisión Europea propone también que se aplique un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Son aquellos que se están embolsando por la energía procedente de centrales no emisoras, que no tienen que comprar ni gas ni carbón ni tampoco derechos de emisión, pero cobran como si lo hicieran en aplicación del sistema marginalista. En España se aplica una medida similar en la que se descuentan esos ingresos extra en las liquidaciones mensuales que realiza el operador del mercado eléctrico. Las compañías se oponen a tales iniciativas con el argumento principal de que no existen tales beneficios caídos del cielo porque la mayor parte de la electricidad que pasa por el mercado está vendida a plazo a precios más bajos.
Finalmente, la Comisión da la opción también de actuar sobre los precios minoristas con la extensión de cheques y bonificaciones fiscales. También incluye lo que denomina un modelo agregado, en el que una empresa pública de electricidad -en España no existe, pero sí en Francia o Italia, por ejemplo- compre energía en el mercado y la comercialice a precios más bajos entre un perfil muy concreto de consumidores (vulnerables).
El contenido del paquete de medidas que prepara Ribera es todo un misterio, aunque distintos medios han publicado distintas propuestas. La ministra solo confirmó la extensión de los descuentos del bono social eléctrico para que puedas disfrutar de ellos más familias. Ese mecanismo se concede por criterios de renta.
