Competencia se niega a desvelar el recorte al beneficio de las eléctricas

f. fernández REDACCIÓN / LA VOZ

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Ciclo combinado de gas de Endesa en As Pontes
Ciclo combinado de gas de Endesa en As Pontes JOSÉ PARDO

Desestima los recursos de Naturgy e Iberdrola para impugnar la rebaja

11 abr 2022 . Actualizado a las 12:33 h.

Desde el 17 de septiembre, el Gobierno aplica un descuento sobre una parte de los beneficios que obtienen las compañías eléctricas con la venta de la producción de sus centrales en el mercado mayorista diario de electricidad, en precios máximos históricos desde hace meses por el fuerte incremento de las cotizaciones internacionales del gas natural. Y es que las plantas de ciclo combinado que usan ese hidrocarburo para generar luz son las que están marcando el coste medio que percibirán todas las demás tecnologías. Es así en aplicación del sistema marginalista de fijación de precios eléctricos, que establece que la oferta de la última central en colocar su producto en el mercado —siempre la más cara— será la que cobren todas las demás, al margen de la oferta que hayan hecho o de que les cueste más o menos producir.

Es decir, aunque un parque eólico ofrezca su energía a 1 euro para asegurarse de que la vende porque no la puede almacenar, acabará cobrando el precio medio de mercado: que en marzo cerró en 283 euros el megavatio hora. Lo mismo ocurre con el resto de tecnologías que no sean los ciclos combinados. Y son esos beneficios extra los que el Gobierno está minorando.

Pero ¿cuánto dinero supone ese recorte de ingresos que van a parar al sistema eléctrico financiado, básicamente, por los consumidores de electricidad cuando pagan su factura de la luz? Es confidencial, según el regulador de los mercados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así lo recoge el organismo en dos acuerdos que sí ha hecho públicos y en los que rechaza los primeros intentos de librarse de esos recortes presentados por las empresas Naturgy e Iberdrola.

Ambas compañías interpusieron exactamente un conflicto de gestión técnica y económica contra las primeras facturas remitidas en noviembre por el operador del sistema (Red Eléctrica de España, REE) con los importes minorados de los beneficios que debían ingresar las empresas. En los acuerdos publicados en su web, la CNMC no incluye la relación de facturas remitidas, que califica como información confidencial.

El regulador sí aclara que desestima las pretensiones de Naturgy y de Iberdrola porque entiende que los intentos de impugnación van contra el real decreto que crea el mecanismo de minoración, no contra el cálculo de las liquidaciones incluidas en las facturas. Por tanto, destaca, las empresas deben recurrir a otra ventanilla, la de la Justicia, para tumbar la norma con rango de ley. De hecho, pueden presentar recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra la decisión de la CNMC.

Recurso ante el Constitucional

Las compañías podrán seguir peleando por esa vía para tumbar las liquidaciones enviadas por REE, pero nada pueden hacer contra el real decreto de 14 de septiembre que creó ese mecanismo de minoración. Y es que ni una empresa ni un particular pueden recurrir una ley ante el Tribunal Constitucional. Solo pueden hacerlo Gobiernos autonómicos, grupos de parlamentarios o alguna otra institución.

Para mayor disgusto aún de las compañías del sector —que insisten en que tales beneficios extraordinarios no existen—, el último Consejo de Ministros de marzo no solo prolongó la aplicación de esa minoración de ganancias hasta el 30 de junio (debería acabar el 31 de marzo), sino que, además, la amplió a la electricidad comercializada a través de contratos bilaterales, que se salvaron en septiembre, pero no ahora. Así, se aplicará el recorte salvo que las plantas demuestren que su electricidad está vendida a plazo a un precio igual o inferior a 67 euros el megavatio hora a través de un contrato bilateral con una duración mínima de un año y firmado directamente con un cliente.

Es una forma de obligar a las sociedades del sector a rebajar las tarifas que están ofreciendo a los clientes en las renovaciones o en la firma de nuevos contratos so pena de descontarles parte de esas ganancias.

Tras ese último acuerdo del Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó que todavía desconocen cuánto recaudarán con estas medidas. En todo caso, el dinero que sea se destinará directamente a reducir los costes regulados que engordan la factura eléctrica de los consumidores. Concretamente, la parte con la que se financian las primas a las renovables o el déficit del sistema eléctrico.

En la primera propuesta de minoración aprobada en septiembre se incluyeron los contratos bilaterales, pero luego se retiraron ante la advertencia lanzada por el sector renovable de que las plantas funcionarían a pérdidas

Las primeras estimaciones de recaudación presentadas por el ministerio hablaban de unos ingresos de 2.600 millones hasta finales de marzo; cuatro quintas partes de ese dinero procedían de las cuentas de Iberdrola y de Endesa.

Limitar el precio del gas que se usa para generación

El sector eléctrico considera que ese mecanismo para minorar sus beneficios implica una intervención de facto en los precios de mercado. Como también lo será la propuesta hispanolusa para establecer temporalmente un límite al precio del gas que se usa para generación y enfriar así la factura eléctrica. El tope planteado son 30 euros por megavatio hora, tres veces inferior a la cotización de mercado, cercana a los 100.