Aragonès congela sus relaciones con el Gobierno de Sánchez por el espionaje que la Moncloa niega
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El independentismo anuncia querellas en cinco países y una ofensiva política a nivel europeo y en el Congreso
20 abr 2022 . Actualizado a las 19:36 h.Se avecinan tiempos tormentosos para las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat. Aunque la Moncloa niega estar detrás del espionaje a una sesentena de dirigentes independentistas, entre ellos los cuatro últimos presidentes de la Generalitat, las fuerzas secesionistas ven la sombra alargada del CNI en el llamado Catalangate, perpetrado a través de la tecnología israelí Pegasus, un software que solo pueden comprar los gobiernos.
El caso ha vuelto a tensar las débiles relaciones entre el Ejecutivo central y el Govern catalán, hasta el punto que Pere Aragonès anunció hoy que congela el diálogo político con el Gobierno hasta que asuma sus responsabilidades. El independentismo, relegado en los últimos tiempos a un segundo plano del escaparate político, quiso dar un puñetazo en la mesa con una ofensiva política y judicial para denunciar un caso de espionaje que considera el más grave de Europa.
Lo sufrieron más de 60 políticos y líderes sociales del independentismo catalán (y vasco) entre el 2017 y el 2020. Aragonès instó a Pedro Sánchez a hablar «cara a cara» para aclarar el asunto y le puso una serie de condiciones, si quiere «normalizar las relaciones» y restablecer una confianza que, a su juicio, ha quedado muy «dañada».
Por un lado, exigió una investigación independiente con supervisión externa que pueda aclarar quién es el autor del espionaje y quién dio la orden de ejecutar la operación, así como una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso, que, según el organismo de ciberseguridad Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, demuestra que «hay una evidencia» de que existe un «nexo sólido» con el Gobierno español.
Los dos foros que quedan afectados por el anuncio del presidente del Govern son la mesa de diálogo y la bilateral Estado-Generalitat. Hacía semanas, que el Ejecutivo catalán estaba con la mosca detrás de la oreja porque la Moncloa le daba largas para reunir la mesa sobre el conflicto.
Aragonès no obstante, tuvo que hacer encaje de bolillos interno, pues la parte de Junts de su gabinete le pidió que «no normalice relaciones con el Estado opresor» y tanto Carles Puigdemont como la ANC le exigieron directamente que entierre la vía de diálogo y rompa con los socialistas.El presidente catalán se quedó a medio camino y trató de ofrecer una imagen de una cierta unidad en el independentismo, a pesar de que el movimiento no pudo disimular sus discrepancias internas.
Nueve meses después de su último encuentro, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras comparecieron hoy en el Parlamento Europeo. Lo hicieron junto al líder de la CUP y los presidentes de la ANC y Òmnium. Informaron que inician una ofensiva judicial contra la empresa que fabrica este software, la israelí NSO, y contra el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Las querellas se presentarán en cinco países: España, Suiza, Luxemburgo, Francia y Alemania.
Las habrá de tipo individual, como la que presentará el propio presidente de la Generalitat, y también colectivas. «El Estado ha organizado una trama criminal para atacar al movimiento independentista», aseguró Puigdemont.
Además, anunciaron una ofensiva política. El expresidente de la Generalitat instó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que «actúe urgentemente» y haga «rendir cuentas a España» por una «violación masiva de derechos fundamentales». El soberanismo notificará además el caso a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa y al Parlamento Europeo. Quim Torra, también espiado, reclamó la dimisión de Sánchez. Puigdemont instó además a los republicanos a romper su alianza con el PSOE en el Congreso, pero Junqueras le replicó que «no regalarán nunca la bandera del diálogo».
El Gobierno se desvincula
El Gobierno, mientras, aseguró que no está detrás del espionaje. «Esto es un Estado democrático de derecho. Aquí no se espía y no se intervienen conversaciones ni informaciones si no es -argumentó hoy la ministra portavoz, Isabel Rodríguez- al amparo de la ley y el derecho». El asunto ha provocado la indignación de los aliados habituales de Pedro Sánchez. No solo de ERC, EH Bildu o el PNV, también de Unidas Podemos.
El portavoz en el Congreso del socio minoritario del Gobierno, Pablo Echenique, reclamó a los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, que abran un investigación interna. Y advirtió de que, en caso de confirmarse la implicación de «estructuras del Estado» en la turbia operación, tendrán que «rodar cabezas».
Citizen Lab apunta que el sistema de espionaje Pegasus, creado por la compañía israelí, solo se vende a gobiernos. El Ejecutivo, sin embargo, no aclara si España lo ha adquirido o si el CNI lo ha utilizado ya en alguna ocasión. Rodríguez adujo, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, que esa es una cuestión por la que no debe dar detalles porque, de lo contrario, vulneraría la ley de seguridad nacional.
