Batet fuerza un cambio en la comisión de secretos oficiales para invitar a Bildu y a ERC
ACTUALIDAD
Feijoo denuncia que se trata de «un pago» del Gobierno para sofocar la crisis abierta por las supuestas escuchas telefónicas
27 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.EH Bildu podrá tener por primera vez acceso a la comisión parlamentaria de gastos reservados y secretos oficiales del Congreso. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, pidió ayer rebajar el listón de la votación para participar en dicha comisión, y pasar de la mayoría reforzada actual de tres quintas partes del hemiciclo, para la que técnicamente resultaría necesario un entendimiento con el PP, a la mayoría absoluta, establecida en los 176 votos y a la que el Ejecutivo estaría en disposición de alcanzar con sus aliados parlamentarios habituales.
Batet propuso ayer esta modificación de la resolución vigente desde el 2004, algo que para llevarla adelante requiere el «indispensable parecer favorable» tanto de la Mesa como de la Junta de Portavoces, en donde el PSOE y Unidas Podemos cuentan con la mayoría. La previsión es acelerar al máximo y «llevarlo al pleno esta misma semana», según anunció ayer en rueda de prensa la propia presidenta del Congreso, por lo que este mismo jueves los grupos podrían proponer y votar a sus representantes en un nuevo pleno convocado justo a continuación del actual. Batet, que lamentó los «vetos cruzados que impedían poder constituir la comisión», alegó que el objetivo de esta modificación es garantizar «la pluralidad» política dentro de la Cámara.
Las deliberaciones y los debates que se realizan en esta comisión son completamente secretos. No existen cámaras y los periodistas tampoco tienen acceso. Con ese objetivo de que la información que pueda comprometer a determinados organismos del Estado, como el CNI, trascienda lo mínimo, cada grupo parlamentario solo puede designar para participar en la misma a un representante, que debería ser aprobado por esa mayoría de tres quintos, y que más que previsiblemente en las próximas horas se verá reducida a la mitad más uno.
Este cambio en el reglamento coincide con la crisis a la que se enfrenta el Gobierno por los supuestos espionajes a dirigentes independentistas a través del programa Pegasus, y supone el marco previsto por el Ejecutivo para ofrecer las explicaciones. Margarita Robles, ministra de Defensa, cartera de la que depende el CNI, rechazó ayer en el Senado cualquier tipo de actuación irregular: «Se lo vuelvo a negar rotundamente. Este Gobierno trabaja con arreglo al principio de legalidad, con el respeto más absoluto a la ley», aseguró, acusando a la senadora de ERC Mirella Cortés de realizar «imputaciones sin ningún tipo de prueba», y emplazándola a las explicaciones que ofrecerán «cuando se constituya esa comisión, ahí aparecerá todo», afirmó.
Un «pago» a sus socios
La oposición salió ayer en tromba para denunciar este cambio que, señalaron, viene impulsado desde el seno del Ejecutivo, al considerarlo un «pago» a sus aliados parlamentarios para intentar sofocar la crisis de las escuchas telefónicas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, mostró su repulsa desde Santiago: «No podemos aceptar que los partidos que combaten la unidad de la nación participen de los secretos del Estado». Feijoo reivindicó que se mantenga la mayoría reforzada, «un acuerdo que tiene una vigencia de casi veinte años» y que fue impulsado a instancias del PSOE, en la época de Manuel Marín como presidente de la Cámara, y que los socialistas están a punto de «romper». «Si esto es así, si el Gobierno va a compartir con los partidos que combaten la unidad de la nación española los secretos y la información de Estado, simplemente para que el Gobierno precario mantenga su precariedad, comprenderán que es una pésima noticia para la democracia española», lamentó.
Por su parte, Vox pidió la dimisión de Batet a través de sus diputados Espinosa de los Monteros y Gil Lázaro por la «sumisión a las componendas y maniobras el Gobierno». El portavoz de Cs, Edmundo Bal, también denunció que esta modificación no supone el mejor ejemplo «de limpieza democrática».
El Gobierno empieza a temer que el caso Pegasus le pueda costar la convalidación del decreto anticrisis
«Catalán Gate. Nos están vigilando». Es lo que rezaba la pancarta con la que los senadores de Junts recibieron ayer en la Cámara alta a Pedro Sánchez, una cuestión sobre la que hoy tendrá que dar explicaciones en el Congreso.
Los intentos del Gobierno para desactivar la crisis con sus aliados parlamentarios no están dando frutos. El desencuentro llega justo en la antesala de que este jueves se vote en el Congreso la convalidación del llamado decreto anticrisis, y aunque todavía la ven lejana, en el Ejecutivo empiezan a barruntar la posibilidad de fracasar a la hora de tejer la mayoría. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, puso ayer en duda el apoyo de su grupo. «El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa. ¿Esto puede llegar a ser lesivo para ERC? Sí, lo es», afirmó, para detallar a continuación que «más lesivo es en democracia espiar a la gente que no te gusta».
Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, PDECat, la CUP, Más País, Compromís y el BNG suscribieron una declaración para denunciar «un escándalo que ataca directamente la democracia» y reclamar la creación de una comisión de investigación, desdeñando las explicaciones que el Gobierno pretende ofrecer en la comisión de secretos oficiales. Los firmantes, entre los que se encuentra Podemos, socio de coalición en el Ejecutivo, señalan directamente a la ministra que se ha visto implicada en más enfrentamientos con la formación morada esta legislatura: «Los indicios apuntan a la implicación del CNI bajo el control, desde que Margarita Robles asumiera el cargo, del Ministerio de Defensa», recoge el comunicado. Oriol Junqueras, líder de ERC, demandó directamente dimisiones: «El Gobierno debe adoptar medidas para recuperar la confianza. Y seguro que la asunción de responsabilidades incluye dimisiones y ceses», afirmó.
Por el momento, el Ejecutivo catalán anunció que «congela» sus relaciones con el Gobierno y avanzó que se plantea emprender acciones legales. En caso de que ERC se descuelgue con el decreto, el equilibrio de fuerzas con el que se llegue a mañana puede ser similar al de una reforma laboral que el Gobierno solo consiguió aprobar gracias a un error de un diputado popular al pulsar el botón.