Ortega da por retirado al país de la Organización de Estados Americanos
02 may 2022 . Actualizado a las 12:37 h.Nicaragua profundiza su aislamiento internacional. El Gobierno de Daniel Ortega ocupó hace una semana la sede en Managua de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de reiterar su decisión de abandonar la institución, calificada como un «instrumento del imperialismo yanqui» por Denis Moncada, ministro de Exteriores. «Nunca había ocurrido antes. Los peores dictadores americanos, incluso los Somoza, jamás tomaron medidas como estas», señaló Luis Almagro, secretario general de la OEA, durante una reunión del consejo permanente que trató el asalto a la sede nicaragüense.
El diplomático uruguayo considera «ilegítima» la ocupación de las oficinas y apunta que Ortega ha incurrido en «una violación de las más elementales normas internacionales».
Las autoridades nicaragüenses ya anunciaron la expropiación del edificio, a pesar de que no pertenece a la OEA, sino a dos hermanas que alquilaban el primer piso a la organización multilateral y continúan viviendo en el segundo. «El inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, de la despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua», expresó la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, asegurando que en el edificio se va a establecer un «museo de la infamia», tras calificar a la institución como un «infame ministerio de colonias».
La decisión de Ortega fue criticada por México, Bolivia y Argentina, tres países que suelen mantener equidistancia en los asuntos relativos a Nicaragua. Buenos Aires expresó fuertes críticas en enero, cuando el líder nicaragüense invitó a su toma de posesión a Mohsen Rezai, un iraní acusado por la Justicia argentina de organizar el atentado terrorista de la AMIA, que dejó 80 muertos en 1994 en la capital del país sudamericano.
Nicaragua comenzó a alejarse de la OEA en el 2018, durante las protestas antigubernamentales que dejaron, al menos, 350 muertos y cientos de detenidos. La relación se rompió tras los comicios del 2021, que Ortega ganó tras encarcelar a sus principales rivales. La OEA inició entonces un proceso de suspensión de Nicaragua y Ortega respondió con una solicitud de retirada que no se hará efectiva hasta el 2023.
«Este retiro estrepitoso y adelantado de la dictadura de Nicaragua de la OEA es una victoria moral para el pueblo», dijo esta semana Arturo McFields, embajador de Nicaragua ante esa institución hasta finales de marzo, cuando renunció denunciando las violaciones de los derechos humanos en su país.
No ha sido la única dimisión sonada. Hace unos días la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de Nicaragua en un conflicto territorial con Colombia. Con el deber cumplido, Paul Reicher, representante del país ante ese tribunal, renunció. «Usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo», dijo el abogado. «Es inconcebible que haya destruido la democracia y establecido una nueva dictadura», añadió. Esos portazos han sido vistos por la oposición como el inicio de una posible fractura en el seno del orteguismo.
Los recientes movimientos del Gobierno nicaragüense han sido muy criticados en Washington. «Las condiciones determinan las sanciones y, en estos momentos, las condiciones han empeorado», señaló el funcionario estadounidense Ricardo Zúñiga.
EE.UU. dejó hace unos días a Nicaragua fuera de la reasignación de la cuota azucarera adicional, que se calcula cuando los países proveedores no pueden cumplir con sus cupos, y de la que tradicionalmente se ha beneficiado el Estado centroamericano. El movimiento ha sido visto como un mensaje a los empresarios del sector, como el magnate del azúcar y el ron Carlos Pellas, para que tomen una posición más hostil con respecto a Ortega.
Condenas a dos empresarios acusados de delitos de traición a la patria
Los empresarios nicaragüenses Michael Healy y Álvaro Vargas, arrestados cuando presidían el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), fueron declarados esta semana culpables de delitos considerados como traición a la patria, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El juez Ángel Jeancarlos Fernández González encontró culpable a Healy por cometer menoscabo a la integridad nacional, y a Vargas por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La Fiscalía pidió que Healy, que era presidente del Cosep, sea castigado con 13 años de prisión, y a Vargas, el vicepresidente de esa patronal, con nueve.