El Gobierno obligará a las empresas grandes a publicar datos de su morosidad
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Deberán colgar en sus páginas web cuántas facturas tienen fuera de plazo y por cuánto importe
08 may 2022 . Actualizado a las 09:08 h.El Gobierno obligará a las empresas grandes a revelar en su página web el volumen monetario y el número de facturas pagadas fuera del plazo legal. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez endurece así la norma, que hasta ahora obliga a las compañías a publicar su período medio de pago a proveedores, porque considera que con los nuevos requisitos controlará mejor el cumplimiento de la Ley de Morosidad, especialmente en las firmas que contraten con la Administración.
Esta es una de las medidas acordadas por el PSOE y Unidas Podemos dentro del proyecto de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas. Así buscan ligar de forma efectiva la información que proporcionan las empresas con el cumplimiento de la ley, lo que no veían logrado con el requisito del período medio de pago.
Más de 50 empleados y 8 millones de cifra de negocio
Además, según la enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press, las empresas cotizadas y las que, aun no siendo cotizadas no presenten cuentas anuales abreviadas, deberán especificar tanto en su web como en la memoria de sus cuentas anuales el detalle de su cumplimiento con la Ley de Morosidad. Atañe a compañías que, al menos, cumplan dos de estos requisitos: activos por más de 4 millones de euros, una cifra de negocio superior a los 8 millones y más de 50 empleados.
Estas compañías deberán especificar el volumen monetario y número de facturas pagadas en el plazo legal y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total de pagos a sus proveedores, lo que revelará el grado de cumplimiento de la Ley de Morosidad.
La Ley de Creación y Crecimiento de Empresas la impulsa el Gobierno con idea de favorecer el crecimiento de las compañías. Incluye medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, «una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad y solvencia de muchas empresas, en especial las pymes», señalaba el Ejecutivo cuando aprobó el anteproyecto. Entre otras, establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago legalmente establecidos no podrán acceder a subvenciones públicas, incluidas las del Plan de Recuperación.